En la última década, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha sido dirigida por funcionarios   cuestionados por haber avalado contratos dudosos que han resultado lesivos para el país o señalados por la Contraloría General de Cuentas, por lo que sectores sociales piden que quien sustituya a María Eugenia Villagrán, que deja el cargo el 31 de mayo próximo, sea idóneo.
Expertos recomiendan al presidente de la República, Jimmy Morales, que haga público el proceso de designación y  tome en cuenta perfiles de profesionales íntegros.
Analistas consultados por Prensa Libre consideran que la mayoría de mandatarios buscan colocar en puestos claves a personas que respondan a intereses personales o políticos.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, aseveró que la mayoría de procuradores generales han sido señalados por la Contraloría. “Tengo presente un contrato  millonario de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que consistía en atender denuncias de robos de celulares. Se le llegó a pedir a Vladimir Aguilar que analizara las irregularidades y sin embargo en esa ocasión dio vía libre al contrato y fue la Contraloría la que frenó esa negociación”, aseveró.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, denunció a los exprocuradores Larry Robles y Aguilar por  acciones dudosas en el contrato oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
“Aunque no se menciona, se hace referencia de que también se debe actuar contra el titular que estaba en febrero 2015. Hay muchas dudas contra Villagrán. Mañana —hoy— se enviará una nota al Ministerio Público”, refirió.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, aseguró que el problema de nombrar a personas allegadas al presidente de la República es institucional y no solo de la PGN.
Mario Gordillo, nombrado en la administración de Óscar Berger, fue criticado porque en su gestión aumentaron las adopciones irregulares y porque su esposa, Patricia Cervantes, era magistrada del Tribunal Supremo Electoral.