Política

Odebrecht debería pagar resarcimiento al país

Politólogos y diputados coinciden en que el país tiene que ser resarcido por el Grupo Odebrecht; sin embargo, ven con cautela que se llegue a algún acuerdo con dicha empresa, en especial si es en detrimento de la búsqueda de justicia.

Por Jessica Gramajo / Guatemala

La obra a la que se comprometió Odebrecht se encuentra inconclusa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La obra a la que se comprometió Odebrecht se encuentra inconclusa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según fuentes allegadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), autoridades de la firma brasileña Norberto Odebrecht, que reconoció haber entregado un soborno de US$18 millones para desarrollar un proyecto de infraestructura en el país, se acercaron a esa entidad en búsqueda de un “trato”, pero la oferta iba en detrimento de los intereses de Guatemala, por lo que fue rechazada.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, adscrita a Transparencia Internacional, entidad que ha seguido de cerca el caso Odebrecht a escala de Latinoamérica, aseguró que a Guatemala le conviene hacer una negociación siempre que no se condicione la persecución penal.

“En República Dominicana la Odebrecht intentó  hacer un trato de indemnización arriba de los US$100 millones. Este fue aceptado por el procurador general de esa nación, pero rechazado por un juez, porque obligaba a poner fin a los procesos legales abiertos”, detalló Marroquín.

Agregó: “La empresa anda buscando cómo no salir más dañada, pero Guatemala debe buscar una negociación que no implique dejar de buscar a los responsables. La carretera quedó sin terminar. El resarcimiento debe buscarse en un juicio”.

US$399 millones costaría la carretera por la que se contrató a la empresa brasileña Odebrecht.

Odebrecht fue contratada en el  2012 para la ampliación a cuatro carriles de  140 kilómetros, de la ruta  que iniciaría en Cocales, Escuintla, y concluiría en Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, lo que costaría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—. Empero, después de una modificación del contrato la cantidad de kilómetros a construir serían no más de 48, según estimó el Ministerio de Comunicaciones.

Para la diputada de Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro es necesario que Guatemala logre un resarcimiento como se hizo en otros países, pero éste no debe  aceptarse si no es en beneficio del país.

“No por obtener información se va a castigar a un país que ya está bastante lastimado. Hay que buscar un resarcimiento, porque Guatemala fue víctima de un engaño”, manifestó la congresista.

En diciembre pasado, el  Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora, en la que reveló el pago de coimas y sobornos a políticos y funcionarios en 12 países. Para hacerlo contaban  con un departamento especial.

Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), consideró que para Guatemala es difícil llegar a un acuerdo debido a la lucha contra la corrupción que existe en este momento, más “cuando el país está sirviendo de ejemplo por este trabajo”.

“La población lo que quiere es que se sea congruente con el trabajo que se está efectuando y, por lo mismo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

Las propuestas que habrían hecho las autoridades de Odebrecht se desconocen. Lo único que se sabe es que intentaron llegar a un acuerdo, pero  fue rechazado por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La fiscal general, Thelma Aldana, aseguró que no se pueden dar detalles del caso y que el mismo se encuentra en investigación en este momento.

El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, explicó que los acuerdos o tratos solo se pueden alcanzar si existen procedimientos legales que lo permitan.

“La justicia no tiene otra ruta más que continuar con los procedimientos legales establecidos; si esos procedimiento permiten la figura de tratos se podría tomar esa ruta, de lo contrario sería inviable”, detalló el congresista, quien también es abogado.

Relación familiar

Luego de que Prensa Libre revelara  que Juan Arturo Jegerlehner Morales,  concuño del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es una de las piezas claves en el caso contra los sobornos de Odebrecht en el país, el politólogo del Ipnusac consideró que si bien es cierto una relación familiar no puede determinar una complicidad,  según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en política se sostiene que las redes de corrupción y tráfico de influencias se fundamentan en las bases familiares.

“Las redes se basan en confianza, que inicia primero con el involucramiento de la familia, a la que se le tiene la confianza plena. Luego al círculo de amigos más cercanos y por último a otros allegados un poco más lejanos. Así funcionan los partidos políticos, la justicia, la corrupción y el tráfico de influencias”, manifestó Castillo.

Para el presidente de Acción Ciudadana “el hecho de que el concuño de Sinibaldi haya sido el presunto receptor de los sobornos es una pista muy importante, porque esta cuenta que él abrió seguramente es la cuenta madre de la cual salieron los pagos para los sobornos a funcionarios públicos del país”.

48 kilómetros es lo más que podría haber construido Odebrecht, pese a que se comprometió a 140.

Según Marroquín, las declaraciones del testigo brasileño Marco Pereira de Sousa Bilinski son datos muy importantes y útiles para seguirle la huella al dinero.

En Estados Unidos, altos  funcionarios de Odebrecht aseguraron que en Guatemala pagaron US$18 millones en sobornos; sin embargo, algunos allegados al extinto Partido Patriota indicaron a Prensa Libre que fueron US$22 millones.

“Lastimosamente el exministro está fugado, porque él podría resolver muchas dudas que existen, principalmente por qué su concuño abrió una cuenta para Odebrecht. El exministro es clave”, insistió Montenegro.