Política

Presiones e intereses ponen  en riesgo la nueva CC

Las presiones e interés de sectores que buscan aliados en las designaciones para magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) mantienen una sombra en el proceso, con el fin de asegurarse respaldo en posibles resoluciones que podrían perjudicarlos en un futuro, por lo que grupos sociales exigen la renovación del máximo tribunal constitucional.

Por Glenda Sánchez

Fachada de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
Fachada de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Expertos consultados afirmaron que las presiones podrían ser del sector empresarial, crimen organizado, grupos políticos partidarios, grupo jurídico de militares, e inclusive de algunas organizaciones sociales.

La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y representantes de la sociedad civil aseguran que la fiscalización de la ciudadanía es una acción que puede controlar esas  fuerzas que representan un riesgo, porque pueden llegar a tener el control en el máximo organismo en materia constitucional, conocido en el ámbito del Derecho como Corte Celestial.

Con la juramentación de los diputados en el Congreso arrancaron los plazos para la designación de los magistrados titulares y suplentes, que asumirán sus cargos el próximo 14 de abril, y con ello la batalla por ocupar una magistratura.

Negocios

Desde hace varios meses, grupos confirman reuniones y negociaciones para consensuar las designaciones.

En el Congreso se habla del apoyo que recibirían los parlamentarios Oliverio García Rodas —Independiente— y Roberto Villate —Líder—, y del claro respaldo expresado por el presidente de es organismo, Mario Taracena, hacia la actual presidenta de la CC, Gloria Porras.

Varias agrupaciones, aunque niegan estar en negociaciones o acuerdos, señalaron que hay “rumores” de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) le apuesta a Porras.

“Es prematuro hablar de apoyo, pues en la bancada no se ha estudiado”, dijo Jairo Flores, de la UNE.

La misma postura fue compartida por los bloques Movimiento Reformador, Todos, Líder y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

“Se habla de acuerdos secretos y negociaciones en paquete (...) Lamentable, porque pone en riesgo la nueva Corte”, aseguró Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Acciones positivas

Ibarra señaló que lo positivo en el Legislativo es la creación de la comisión del proceso de elección.

Otro de los entes  que empezó el proceso para designar magistrados es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que en  diciembre último, a través de las redes sociales, lanzó sus propuestas. Algunos de ellos han sido señalados por parte de la sociedad civil. Uno es Óscar Cruz, quien ayer anunció su candidatura y se le ha relacionado con Roberto López —conocido como el Rey del Tenis—.

“...Mis hermanos, y con la tarjeta de crédito, he pagado parte de la campaña que he hecho en la provincia”, comentó Cruz.

López aseguró estar fuera de los eventos gremiales por cuestiones labores. “No apoyo a nadie; decidí retirarme”, enfatizó.

También se menciona una situación similar en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ejecutivo.

Lo anterior es un reflejo de las presiones que se manejan en los cinco entes designadores, por lo que organizaciones civiles han alertado de las intenciones “oscuras” que podrían llegar a tener los grupos que buscan el control de la Corte.

Presiones

“Existe un cúmulo de presiones. Antes estaba clara la incidencia del sector privado, pero ahora se han sumado nuevos actores: los del crimen organizado, los que van a defenderse de acusaciones relacionadas al conflicto armado interno, funcionarios y de todos los exfuncionarios que enfrentan procesos penales a raíz del trabajo del Ministerio Público y la Cicig”, destacó Ibarra.

Para Marco Antonio Sagastume Gemmell, presidente del Cang: “Está claro que hay sectores detrás de las magistraturas”

Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, manifestó: “Hay intereses de toda clase: económicos, políticos y de grandes naciones que le ponen mucho interés a los problemas de Guatemala”, resaltó, sin dar nombres.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, indicó que en Guatemala  ha existido un poder por décadas que ha capturado sectores del Estado y que en temas de corrupción y de actos ilícitos ha mantenido tráfico de influencias   y han realizado actuaciones nocivas para el país.

“Hay personas con grandes problemas de corrupción, que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos actualizado el actuar de esos grupos, a los cuales se les ha denominado redes político-económico ilícitas. Eso es una realidad”, señaló Velásquez.     El comisionado agregó que se debe evaluar y estar alerta con las relaciones que puedan tener  las personas interesadas en las magistraturas con sectores y estructuras que en el pasado se identificaron con irregularidades.

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, advirtió respecto de los  conflictos de interés de algunos designadores. “A mi juicio hay conflicto de interés cuando dos magistrados se quieran reelegir, pero integran corte (...). Ellos debieron haber pedido permiso porque ellos buscan votos”, explicó.

Los grupos sociales recomiendan transparencia en los procesos, sin intereses oscuros, y que los ciudadanos estén alertas para denunciar irregularidades y así evitar que la CC sea controlada por grupos oscuros.





Lo que manda la ley

  • La Constitución establece  los requisitos para el cargo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC):
  • Artículo 113: derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
  • Artículo 268:  la función de la CC es  la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce sus funciones específicas que le asigne la Constitución y la ley de la materia.
  • Artículo 269:  la CC debe ser integrada con cinco magistrados titulares y cinco suplentes, para un período de cinco años.
  • Serán designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso, Ejecutivo, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y  el Colegio de Abogados y Notarios.