Política

Programas sociales continúan sin control

Contraloría ve irregularidades en transferencias por Q505.3 millones.

Por Jessica Gramajo

Santos Estrada es uno de los beneficiarios de las transferencias condicionadas, en Chuarrancho.
Santos Estrada es uno de los beneficiarios de las transferencias condicionadas, en Chuarrancho.

El Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pagó Q505 millones 340 mil para cumplir con el Programa de Transferencias Condicionadas, y aunque reporta que benefició a 657 mil 799 familias,  utilizó el padrón que elaboró el Partido Patriota (PP) en el 2012.

El programa de transferencias condicionadas establece que el beneficio se debe  entregar a las familias que cumplan con llevar a vacunar y a control de salud a los niños, así como enviarlos a estudiar. Sin embargo, en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los ministros de Educación y de Salud reconocieron que no han trabajado de la mano con el Mides.

El ministro de Desarrollo, José Moreno, admitió que se utiliza un padrón que se tiene desde el 2012, aunque aseguró que cada año es revisado.

El padrón que se elaboró durante el gobierno del PP fue criticado en ese tiempo porque se denunció su uso con fines políticos, pues beneficiaba a los allegados o afiliados al partido, al punto de que sus candidatos aprovechaban electoralmente las entregas de dinero.

Según los datos del Mides,  Quiché y Alta Verapaz son los departamentos en los que se priorizó la entrega de las transferencias condicionadas. Sin embargo, de acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi, 2014), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Sololá es el que padece más de este deterioro social.

En Quiché fueron beneficiadas con transferencias condicionadas  76 mil 628 familias y en Alta Verapaz, 74 mil 408, pero en Sololá solo las recibieron 19 mil 633, de acuerdo con el informe del Ministerio al que tuvo acceso Prensa Libre.

Totonicapán  es otro de los departamentos considerados con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, pero el año pasado se benefició a 14 mil 892 familias con las transferencias.

La Contraloría detectó varias irregularidades en el programa de transferencias condicionada.
La Contraloría detectó varias irregularidades en el programa de transferencias condicionada.


Irregularidades

La Contraloría General de Cuentas (CGC) detectó varias irregularidades en el programa de transferencias condicionadas a través de una auditoría especial que se encuentra en proceso en este momento.

Según el subcontralor, César Elías,  se detectó que personas que no se encuentran dentro de los parámetros de pobreza y pobreza extrema necesarios para hacerse beneficiarias del programa recibieron transferencias.

“El 59 por ciento de los hogares con esta situación no son cubiertos por el Programa, lo que afecta en un impacto positivo para la creación de capital humano, como lo establece el objetivo del proyecto”, manifestó durante la citación con la UNE.

Otro de los hallazgos que reveló la CGC es que no se siguen los procedimientos de evaluación  de corresponsabilidades en conjunto con otros ministerios. Es decir, no se solicita información de asistencia a clases de los estudiantes ni si han ido a control de vacunas y de salud, pese a que es uno de los objetivos principales del Programa.

De acuerdo con el subcontralor, lograron identificar que el Mides continúa utilizando el padrón de beneficiarios elaborado hace cinco años, y en algunos casos también el que se utilizó en el programa  Mi Familia Progresa, del 2007.

“¡Es increíble!”, exclamó, sorprendido, el diputado de la UNE Carlos Barreda, quien recordó que el objetivo del Programa era otorgar el beneficio a las familias en pobreza y pobreza extrema, con el objetivo de obligarlas a que llevaran a los menores de 5 años a  sus controles de salud y de vacunación, así como  reducir la deserción escolar.

“Las familias que están recibiendo el beneficio ya no tienen niños de cero a 5 años. Esos niños que estaban en el padrón de 2012 ahora tienen más de 6, ya no entran en el Programa, y peor aún si se utiliza  el de 2007. Los patojos ahora tienen 9 o 10 años”, criticó Barreda.

Orlando Blanco, jefe de la UNE, aseguró que no se cumple con los objetivos que pretende una transferencia condicionada en materia de salud y educación. “Las madres tienen que presentar informe de sus chequeos porque eso beneficia a una prevención oportuna de las enfermedades, y tampoco se está logrando la permanencia de los menores en los centros educativos”, precisó.

Según los datos del Mides,  Quiché y Alta Verapaz son los departamentos en los que se priorizó la entrega de remesas.
Según los datos del Mides, Quiché y Alta Verapaz son los departamentos en los que se priorizó la entrega de remesas.


Se defiende

Moreno indicó que desconocía de los hallazgos pero aseguró que hacen bien las cosas y que seguirán así.

El ministro reconoció que el 90 por ciento del padrón que utilizan es del programa Mi Familia Progresa, que se replanteó en el 2012, “pero se verifica cada año, pues los niños que en ese momento tenían 5 años  hoy tienen 9 y aún entran en el Programa. Además, hay varios que tienen 15, pero siguen en la primaria”.

El subcontralor aseguró que los hallazgos se encuentran en proceso de desvanecimiento y que el Mides deberá entregar toda la documentación que considere necesaria para revertir las objeciones. De no hacerlo será necesario actuar conforme la ley y tomar  las acciones legales pertinentes.