La legislatura, dirigida en sus tres primeros años por diputados del Partido Patriota (PP), fue criticada desde que comenzó en el 2012, ya que su primera acción fue aprobar reformas al sistema tributario.

Con los cambios eliminaron, entre otras cosas, la planilla del impuesto al valor agregado (IVA), que permitía hacer deducciones a los trabajadores en estado de dependencia. Y, según jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria, complicaron los procesos de recaudación.

Pero no terminó ahí. El primer decreto aprobado de urgencia nacional fue derogado, también de urgencia nacional, pues además de incluir una ampliación de Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones, organizaciones sociales denunciaron que la Ley  para la Protección de Obtención de Vegetales permitía apropiarse de semillas de cultivos nativos.

Ángel Ramírez, director de Congreso Transparente, quien reprobó la gestión, aseguró: “En varias oportunidades, los diputados demostraron que no les interesaba la realidad nacional, incluso cuando la población salió a las calles continuaron defendiendo sus intereses particulares”.

Entrampados

La agenda no fue la única que generó rechazo. En los primeros dos años de la legislatura hubo una serie de interpelaciones que entramparon las actividades parlamentarias.

El juicio político del entonces ministro de Cultura, Carlos Batzín, duró cerca de 15 meses. Ese tiempo lo acompañó Cynthia del Águila, entonces jefa de la cartera de Educación, quien debió acudir todo ese tiempo porque estaba a la cola de la interpelación.

Las solicitudes para interpelar a funcionarios llegaron a sumar 19 y los ministerios más cotizados fueron Gobernación, Defensa y Finanzas. Incluso, en 2012, Pavel Centeno renunció a su cargo, como  estrategia para evadir el juicio político en su contra.

Esa situación causó que Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada (Líder), hablara durante cinco horas ininterrumpidas para pedir el voto de falta de confianza contra Centeno.

Para liberar la agenda en los primeros meses del 2013, el entonces presidente del Congreso,  Pedro Muadi,  definió dos precedentes que permitían abrir la discusión a través de votaciones. Se utilizó en varias oportunidades.

Aunque las interpelaciones continuaron, de a poco los diputados obviaron el uso de los precedentes, al extremo de que aún está pendiente la discusión del voto de falta de confianza contra la exministra de Educación, la cual quedó suspendida en abril último, y tampoco se puso fechas a 14 juicios.

Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, calificó la séptima legislatura como la peor de la era democrática. “Desde sus inicios demostró ser antipopular, desapegada a la ciudadanía y muy comprometida a intereses sectoriales y particulares”.

Agregó: “Los acuerdos siempre se lograron fuera del Congreso, tuvo niveles de transfuguismo detestables, fueron dóciles al Ejecutivo y abiertos a las transacciones ilícitas. Fue una legislatura bizarra, donde su mayor oponente fue su principal aliado”.

“Legado nefasto”

La alianza entre el PP y Líder se evidenció en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones. Incluso circuló una lista  de cómo los bloques habían escogido a dedo.

La forma de negociación quedó al descubierto con el expresidente del Congreso Gudy Rivera, quien enfrenta   proceso legal luego de que la magistrada Claudia Escobar presentó una grabación de cuando él le pide favorecer a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de incluirla en la lista de los electos para la CSJ.

Al reprobar la labor del Congreso en los últimos cuatro años, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, indicó: “La elección de Cortes es un legado nefasto de esta legislatur, por la forma en que se llevó a cabo. Antes hubo transas; esta vez se llevó al extremo”.

Hoy, al ver con esperanza la llegada de 80 nuevos diputados, 12  enfrentan  a la ley  y hay varias deudas legislativas.