“Asumirán con grandes expectativas de la población, pues tendrán en su manos casos de relevancia y de impacto, y como árbitro le corresponde interpretar de manera correcta la Constitución para lograr un balance”, refirió Canteo, quien agregó: “Las decisiones que tomen pueden favorecer a la justicia ordinaria”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, aplaudió el proceso que se llevó a cabo en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en la Universidad de San Carlos, por haber utilizado la Ley de Comisiones de Postulación.

“Si bien no garantizó las mejores designaciones, sí permitió la observancia de las correlaciones de fuerzas y eso es positivo”, aseguró Ibarra.

La activista agregó que le llamó la atención la apabullante votación en favor de las dos electas en el Legislativo. “Seguro hubo negociaciones”, refirió.

Los retos de los designados

• Garantizar total independencia

Que los cinco magistrados titulares y sus suplentes trabajen apegados a la Constitución, sin obedecer a intereses de ningún sector.

• Consolidar la CC en la democracia

La Corte de Constitucionalidad debe consolidarse como el máximo ente jurisdiccional en el país, y contar con la confianza de los guatemaltecos.

• Separarse de quienes los nombraron

os magistrados deben actuar con independencia  de las personas, entidades y organismos que los eligieron o designaron para esos puestos.

• La Constitución única herramienta

Defender la Constitución Política de la República, y que esta sea la única herramienta para resolver  cualquier proceso que conozcan.

En un proceso del cual nunca se tuvo detalles, el presidente Jimmy Morales designó, en consenso con el Consejo de Ministros, a Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular, quien en la actualidad se desempeña como magistrada de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, y como suplente a Henry Philip Comte Velásquez.

Ochoa fue electa para la Corte de Apelaciones en octubre del 2014, por la alianza del Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder). Podría conocer procesos contra esos partidos.

Además figuró en el informe Jueces de la impunidad, presentado por el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Francisco Dall’Anese, pero ayer  el mandatario presentó dos cartas, firmadas por el actual comisionado, Iván Velásquez, que señalan que se le separa de todo señalamiento e investigación.

“Siempre manifesté que la designación sería por idoneidad, honorabilidad y transparencia. Esas cualidades fueron tomadas en cuenta”, explicó Morales, quien nunca accedió a publicar la lista  de candidatos.

Se ofreció publicar a los otros aspirantes en la página web del Gobierno, pero, como es costumbre, hasta el cierre de la edición, ello no había ocurrido.

Presionados

Aunque ninguno quiso hablar de manera abierta, diputados de distintas bancadas se quejaron de haber recibido presiones de la Embajada de Estados Unidos para elegir a Porras.

“No era que nos impusieran, pero sugerían que fuera ella, bajo el argumento de establecer un equilibrio, ya que los representantes electos por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados tendrían vínculos  oscuros”, dijo un legislador.

Varios parlamentarios detallaron que recibieron llamadas “con acento extranjero”. Los que no son jefes de bloques  reconocieron que les dijeron por quién votar.

“Si no nos presionan, queda —Roberto— Molina Barreto”, dijo otro.

El partido oficialista había recibido una presión más, apoyar a Porras para lograr la readecuación presupuestaria.

Hasta  el miércoles por la noche, el apoyo estaba dividido entre las magistradas electas, Molina Barreto, apoyado por el sector empresarial, y Eddy Geovanni Orellana, quien se decía que era la apuesta del Frente de Convergencia Nacional.