Días atrás, el presidente del Congreso, Mario Taracena, advirtió de que sectores empresariales y algunos diputados buscaban una amnistía.

“No quieren que sea retroactivo, no puedo llamarlo de otra forma que amnistía”, justificó Taracena en su momento. Pero ayer, cuando fue consultado,  dijo molesto: “Soy constituyente y solo se está protegiendo la Constitución; dejen de estar inventando cosas”.

Orlando Blanco, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que varios diputados condicionaron su voto a que se agregara el artículo; sin embargo, se negó a revelar nombres o partidos.

La normativa establece que la SAT podrá requerir a la Superintendencia de Bancos y entidades financieras información sobre las operaciones bancarias de los contribuyentes, siempre que lo autorice un juez.

El Código Tributario le da la facultad al ente recaudador para revisar los ejercicios fiscales de hasta cuatro años atrás, pero en la nueva ley se estableció que todos los artículos deberán regirse bajo el numeral 15 de la Constitución, que permite  la retroactividad solo si favorece al reo.

Señalan contubernio

“Dejarlo explícito era algo innecesario, porque todas las leyes están supeditadas a la Constitución”, dijo Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, aseguró: “Es ignorancia de la gente que cree que repetir dos veces algo se vuelve seguro. Deja una mala impresión, es como decir que estaban urgidos por proteger sus cuentas”.

Carlos Barreda, primer secretario del Congreso, explicó que esta enmienda y otras dos enmiendas se trabajaron  con expertos del Ministerio de Finanzas, para “la tranquilidad de muchos diputados”.

El legislador Leonel Lira considera que ahora la discusión se trasladará a la Corte de Constitucionalidad, que deberá definir lo que corresponde.

Finalmente 116 congresistas votaron a favor de la enmienda, que también establece plazos  para la vigencia de varios artículos, incluido el 49, que regula los requisitos para el funcionamiento de las off shore en el país y les levanta también el secreto bancario. A estas les da un año para adaptarse.

Otros cambios

La nueva norma modifica las leyes Orgánica de la SAT, la de Bancos y Grupos Financieros, la del Registro Nacional de Personas y los códigos Tributario y de Comercio.

Además del secreto bancario, la ley para el fortalecimiento de la SAT retira al presidente de la República la facultad de elegir al superintendente de Administración Tributaria y obliga que sea nombrado por medio de un mecanismo de oposición,   con el propósito de darle independencia a la institución.

La normativa también establece nuevos mecanismos para la elección del directorio de la SAT  y crea un tribunal tributario y aduanero.

Nueva normativa

Con la ley en vigor, las autoridades del Ministerio de Finanzas esperan ampliar la recaudación fiscal en unos Q4 mil millones.

Tribunal administrativo

• Crea un tribunal administrativo tributario y aduanero como el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde con exclusividad conocer y resolver  los recursos en materia tributaria y aduanera.

Con 10 profesionales

• El tribunal será integrado por 10 profesionales, para conocer y resolver los recursos en materia tributaria. El tribunal administrativo tributario y aduanero se integrará con cinco miembros especialistas en materia tributaria.

Nombramiento de superintendente

• El presidente ya no elegirá al jefe de la SAT. Será el directorio integrado por el ministro de Finanzas —preside—, y dos delegados nombrados por el mandatario de una lista que envíe la Comisión de Postulación.

Solicitud de información

• La SAT podrá requerir a  entidades sujetas a la vigilancia de la SIB, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas y off-shore, información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u otras operaciones.

Orden de juez

• La información de las cuentas bancarias se podrá solicitar únicamente con orden de juez y se deberá informar a los contribuyentes que están siendo investigados.

Con obligación

• Se establece la obligación para los funcionarios y empleados de la SAT de presentar  declaración patrimonial complementaria a la establecida en la Ley de Probidad y una declaración jurada de intereses. Ambas serán públicas en el caso de los funcionarios superiores de la SAT

* Con información de Byron Dardón