Aun cuando hay en proceso una agenda reformista de país, las condiciones generales de operatividad de la burocracia del Estado, parecen tener una adaptación lenta al proceso; además hay inacción en algunos niveles de la institucionalidad pública, producto de resultados adversos de reformas poco reflexionadas, como las operadas en la ley de Contrataciones.

La concentración de la atención pública en la dinámica judicial de casos emblemáticos, le ha permitido al gobierno pasar desapercibido y evitar ser foco de crítica y debate social.

Cristian Álvarez, analista, catedrático de economía y política, y director del Cadep, de la UFM

La transparencia se logra con procesos que compliquen la corrupción y con el miedo a ser castigado.  Por el momento la corrupción ha disminuido por miedo a la Cicig y el MP, no por mejoras en los procesos. Al presidente se le fue de las manos la oportunidad de cambios en pro de la transparencia.
 
El Congreso no ha aprobado leyes a favor de la transparencia, y el gobierno central no tiene claro qué procesos debe instaurar para reducir la corrupción.
 
Seguimos con procesos poco transparentes y poco claros, los cuales facilitan la sobrevaloración de compras y contrataciones sin caer en delitos.

Víctor Gálvez Borrell, director de incidencia pública de la URL

La amplitud y complejidad de los procesos administrativos, así como el de los nombramientos y contrataciones de funcionarios y servidores públicos, unido a la falta de publicidad e información sobre ello, ha dado lugar a que denuncias mediáticas sobre situaciones poco transparentes (como parentesco y recontrataciones) tiendan a generalizarse. Ello se percibe como ejemplos de falta de transparencia, sobre todo en la administración de personal (contrataciones y plazas fantasmas).

Asíes

Este gobierno ha empezado a tomar acciones para la implementación de mecanismos que permitan a la ciudadanía realizar auditoria social; además la reciente discusión para el diseño del Presupuesto General de la Nación 2017, en el que varios grupos de sociedad civil pueden ser parte, son pequeños avances que sientan un gran precedente para futuras administraciones de gobierno y que ayudan al cumplimiento de compromisos internacionales.

De igual manera, el gobierno está impulsando el proyecto “gobierno abierto”, como una plataforma que contribuirá a la transparencia y la fiscalización.

Elena Díez y Juan Alberto Fuentes Knight, del Movimiento Semilla

Se han dado avances por transparentar el proceso presupuestario, pero aún no están claros los criterios con los cuales se decidió realizar las asignaciones presupuestarias propuestas para 2017.  Tampoco son claros los criterios con los cuales el presidente toma decisiones, más que la influencia que sobre él ejerce un grupo de asesores militares jubilados. Los procesos judiciales en curso han generado una presión a favor de la transparencia que el gobierno se ha visto obligado a tomar en cuenta.

Daniel Pascual, dirigente del CUC

Preocupa que la primera ministra de comunicaciones y obras públicas fuera una evasora de impuestos, que se hayan hecho nombramientos sin informar a la opinión pública de los criterios y procesos, además de nombramientos como la nueva Procuradora General de la Nación que tiene vínculos con las empresas extractivistas, en un momento en que las empresas mineras tienen una serie de acusaciones por violar la ley. También son preocupantes las reuniones del presidente con los personeros de empresas vinculadas a hechos de corrupción o en conflicto con la ley como el caso de la reunión con los personeros de TCQ.

Carlos Melgar, investigador de ICEFI

Las agendas y acciones en esta materia continúan desarticuladas debido a que el Organismo Ejecutivo no cuenta con una política nacional de transparencia, ni ha creado una dependencia especializada que cohesione y dirija estos esfuerzos.

Los avances, aunque todavía insuficientes, provienen de la agenda de transparencia fiscal que ha impulsado el Ministerio de Finanzas Públicas, y en menor grado de la Alianza Nacional por la Transparencia, el espacio intersectorial en el que participa el Vicepresidente de la República.

Faltan estrategias que permitan alcanzar resultados efectivos desde el enfoque de la prevención de la corrupción en áreas como servicio civil, probidad, adquisiciones públicas, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información pública, entre otros, y denunciar oportunamente ante el Ministerio Público los actos de corrupción que cometan los funcionarios y empleados públicos de esta administración.