Según la Comisión de Probidad del Legislativo, existen “una serie de ilegalidades” que llevan a la conclusión de que el nuevo contrato no debe ser aprobado.

El interventor afirmó que en cuanto a la infraestructura y el equipo, TCQ puede operar, sin embargo los costos son “sumamente levados y deber ser operada.

“En su momento advertí de tomar decisiones oportunas para evitar situaciones irreversibles”, indicó Aizenstatd, quien refirió que “Sino se opera pronto, la terminal se perderá porque no se podrá conservar los activos”, añadió.

El interventor manifestó que TCQ está en las condiciones de operar, como lo indicó hace algunos meses, y que actualmente más del 70 por ciento de del capital de TCQ se adeuda.

La advertencia del representante judicial es que a finales de enero o principios de febrero, los fondos de la caja chica de TCQ se acabarán.

Operación detenida

La actual propietaria de TCQ es la holandesa APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La firma pagó en septiembre US$32.7 millones correspondientes a una multa total de US$43.2, aunque estos fondos no estarán disponibles hasta que el Congreso apruebe el convenio que se negoció con la empresa tras la desarticulación de la trama.

El usufructo debe ser reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso, de quien depende la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.

Según la Comisión de Probidad, la Procuraduría General de la Nación, una de las entidades que negoció el nuevo acuerdo y que lo defiende, al igual que el presidente Jimmy Morales, está otorgando “privilegios a favor de empresas privadas”.

En concreto creen que, al dar en concesión por más de 20 años el servicio de la EPQ “se violentan” varios aspectos de la ley local, “se generan beneficios de un monopolio, se elimina el servicio estatal y se violan” artículos como que el Estado “no puede concesionar un servicio que le representa utilidades”.

Actualmente, EPQ genera utilidades de aproximadamente 100 millones de quetzales, pero con la concesión, dijo, se reducirían a 20 millones de quetzales para el Estado.

Negocio gubernamental

La trama de corrupción TCQ, dada por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, era una red supuestamente liderada por el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Pérez Molina y Baldetti exigieron el pago de un soborno de unos US$30 millones para la adjudicación del proyecto, de los que US$24.5 estaban destinados a socios locales.

La ampliación del puerto fue a través de un usufructo entre TCQ y la EPQ, que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.