El debate comenzó con la publicación en el Diario de Centro América del Decreto Gubernativo que declara estado de Calamidad, por los más de 10 mil puntos de riesgo que tienen identificada la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
En la sesión plenaria del jueves, los congresistas conocieron la medida ejecutiva, la que originó opiniones encontradas entre los parlamentarios.
Los miembros del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), abandonaron el pleno y rompieron el quórum, evitando la continuidad de la discusión, además en la última sesión llegaron tarde, retrasando el inicio de la plenaria.
La estrategia oficialista podría responder, según diputados de oposición, a que en la Ley de Orden Público, en el artículo 6, se señala que “Inmediatamente después de emitido el decreto (…), se dará cuanta al Congreso para que lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez”.
Además agrega que en término de tres días el Congreso lo conozca, apruebe, modifique o impruebe, lo que el Congreso ya hizo en el plazo de ley, conociendo el tema en el pleno.https://twitter.com/jgramajo_pl/status/781570860029124609
Opiniones encontradas
“El Estado de Calamidad que suspende garantías constitucionales está vigente de facto”, señaló Blanco al manifestar la necesidad de que el pleno del Legislativo discuta si aprueba, modifica o imprueba el Decreto 7-2016, según la Agencia de Información Pública del Congreso.
“El Estado de Calamidad no se encuentra en vigencia y cuidadito hacen compras”, sentenció el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, al agregar que la próxima semana en la plenaria convocada para el martes, si se cuenta con 105 votos se pondrá en discusión nuevamente el tema.
Sin embargo, para el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala, el estado de Calamidad está vigente pues según él ya se cumplió con conocerlo en el pleno. “Existe un vacío legal que debe dilucidarse, no hay ninguna base legal que nos diga que debemos aprobarlo o improbarlo”, afirmó.
