Política

Funcionarios que evadan citaciones de diputados ya no irán a la cárcel

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucionales las reformas al Código Penal, las cuales sancionaban con dos a tres años de cárcel a los funcionarios que no asistan a citaciones al Congreso de la República.

Por Willian Cumes

Ministros y otros empleados públicos que no acudan a a citaciones de diputados ya no serán sancionados con prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Ministros y otros empleados públicos que no acudan a a citaciones de diputados ya no serán sancionados con prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el diputado de la bancada FCN-Nación, Adim Maldonado, y la CC la declaró con lugar, según publicó el Diario de Centro América este lunes.

El presidente Jimmy Morales se pronunció a través de Facebook y se manifestó "respetuoso del ejercicio de fiscalización a cargo de los diputados".

También hizo "un llamado a los diputados para que continúen su labor de fiscalización y así mismo exista un uso razonable de las citaciones de funcionarios de Gobierno".



El Diario Oficial publicó este día la resolución de la Corte de Constitucionalidad que declara inconstitucional las...

Posted by Jimmy Morales on lunes, 26 de junio de 2017


El Ejecutivo vetó en 2016 ese decreto luego que fuera aprobado por el Legislativo.

Reformas al Código Penal que decretaban cárcel para funcionarios que no acudieran a citaciones al Congreso. (Foto Prensa Libre: DCA).
Reformas al Código Penal que decretaban cárcel para funcionarios que no acudieran a citaciones al Congreso. (Foto Prensa Libre: DCA).

Pulso entre organismos

La medida de decretar prisión para los ministros y otros empleados públicos por no asistir a citaciones al Congreso enfrentó a los organismos Ejecutivo y Legislativo.

El decreto 13-2016 fue aprobado el 4 de febrero de 2016 con 113 votos a favor, pese a la oposición de la bancada oficial.

Un mes despúes, el mandatario Morales vetó el decreto mediante el acuerdo gubernativo 49-2016, que entre los argumentos mencionaba: “Dicha disposición es contraria a lo prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala porque violenta el artículo 17”.

Para concretar las modificaciones al Código Penal, el Congreso debía reunir 105 votos. En la plenaria del 6 de abril de 2016 el Congreso rechazó el veto presidencial con el aval de 106 parlamentarios, con lo que el decreto quedó en firme hasta que llegó la reciente resolución de la CC.