Laynez dijo “denunciamos que el Gobierno ha iniciado a implementar la violencia estatal en Chajul, en aras de favorecer intereses privados y corporativos. A las autoridades del Organismo Judicial solicitamos que cese la persecución penal en contra de los jueces y fiscales, que por ley, tienen la obligación de juzgar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en el marco del conflicto armado”.

Miguel de León, alcalde indígena de Nebaj, recordó que, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y la sentencia en contra de Ríos Montt, “nos sentimos satisfechos con el fallo, que demostró ante el mundo que en Guatemala si hubo genocidio”.

“Realmente no nos interesa a los pueblos Ixiles si la justicia occidental anuló la sentencia que había proferido inicialmente en contra de Efraín Ríos. Lo que hay que rescatar es que hubo un fallo y que fue condenatorio”, dijo De León.