“Con armas, gorros pasamontañas y palos patrullamos de día y de noche por callejones y calles de la comunidad, hemos logrado mantener el orden y la seguridad de la población”, dijo un patrullero de Sibaná, El Asintal.

Óscar Sánchez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Sibaná, aseguró que la medida fue avalada por los vecinos, quienes están cansados de la falta de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Para Guadalupe de García, de la sociedad civil, es bueno que las comunidades se organicen contra la delincuencia, pero no es correcto que los vecinos que patrullan usen armas y gorros pasamontañas y que no cuenten con autorización para revisar vehículos y registrar a pilotos.

Por incapacidad

“Las autoridades son las responsables de brindar seguridad a la población, pero como no son capaces, las comunidades se organizan sin asesorarse, lo que puede desencadenar otros problemas, porque los patrulleros pueden confundirse con delincuentes”, expresó.

De García añadió que como sociedad civil recomiendan que la PNC se una a los patrullajes para que los vecinos vean a un policía y tengan confianza.

El gobernador Jorge Mejía lamentó que la seguridad sea mal interpretada por los patrulleros, quienes al andar armados y con gorros pasamontañas violan la ley.

“Sabemos que se cubren los rostros y andan armados para la seguridad de ellos, pero la mayoría no cuenta con la documentación legal de las armas ni con permisos de gobernación y de la PNC para operar; sin embargo, vamos a buscar una solución”, expresó.

Byron Loayes, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la PNC, informó que tienen conocimiento de que grupos organizados patrullan las calles de algunas comunidades, y coincidió en que no todos cuentan con la documentación legal para portar arma de fuego.

Añadió que a través de la delegación de prevención del delito se reúnen cada 15 días con los Cocodes de Nuevo San Carlos, El Asintal y San Sebastián, donde se reportan grupos de patrulleros, para concienciarlos sobre la importancia de contar con licencia de portación de arma de fuego.

“Hasta la fecha se han reportado dos inconvenientes con estos grupos; uno es que hay personas que no cuentan con la documentación legal de las armas. Además, andan con gorros pasamontañas y son confundidos con delincuentes”, puntualizó.

No deben cubrirse

Nancy Galindo, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Retalhuleu, señaló que los vecinos que prestan   servicio de seguridad no deben cubrirse la cara ni usar   armas de fuego sin licencia.

Recordó que en octubre del 2016, un grupo de personas que argumentaba ser parte de una organización para prevenir la delincuencia en Candelaria Xolhuitz, Nuevo San Carlos, cobraban   Q1 para el  ingreso a esa comunidad, con el objetivo de seguir con la seguridad y mantenimiento del camino principal; sin embargo,  se les hizo   ver que estaban violando los derechos de la población.