Pese a que la compañía cuenta con la licencia de cuatro de las seis municipalidades  de Sacatepéquez por donde pasa la red, líderes comunitarios y grupos colectivos buscan revocar los acuerdos ediles, porque aducen que obviaron la consulta a la población, como lo señala el Convenio 169, sobre derechos de los pueblos indígenas.

Santo Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas, Santa María de Jesús, Antigua Guatemala y Sumpango son los municipios donde cruzará la red  de electrificación, y en los  dos últimos están en trámite  los permisos.

Rechazan proyecto

  Francisco Puac, coordinador del Comité Unión del Pensamiento de Santiago Sacatepéquez, indicó que el proyecto no trae ningún beneficio a la población.

Añadió  que el exalcalde Manuel  Navas, debido a que no logró reelegirse, otorgó la licencia a Trecsa en noviembre último para la colocación de 30 torres de transporte de energía, y a cambio  la comuna recibió  Q1.3 millones.

Alfonso Xicay, del Consejo Comunitario de Desarrollo de San Francisco El Alto,  Antigua Guatemala, dijo que el proyecto dañará la  montaña Carmona o Cerro del Cucurucho,  un área protegida de 150 hectáreas.

“Nos oponemos porque el tendido eléctrico pasará sobre el cinturón verde de Antigua Guatemala y dañará los nacimientos de agua en la zona, y las afectadas serán unas 15 comunidades aledañas”, señaló Xicay.

César Choreque Solís, del Colectivo Sumpango Libre, informó que junto a la alcaldía indígena piden al jefe edil   Efraín Paredes, que no otorgue el permiso, pues consideran que afectará  los bosques y el río Los Encuentros,  principal afluente que abastece a buena parte de  la población.

Acciones legales

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), quien asesora a la alcaldía indígena y al  colectivo de Sumpango, expresó  que  esta  es una resistencia pacífica y legal de las comunidades por los efectos que el proyecto podría    causar  en la salud  y el ambiente. Añadió  que hay suficientes herramientas legales para accionar contra la obra.

Consultado al respecto,  el alcalde de Sumpango dijo que no otorgará la licencia si la población se opone.

Antecedentes

El PET-1-2009  forma parte de la política energética desarrollada por el Ministerio de Energía y Minas, que según Trecsa impactará en el desarrollo del país.

El proyecto  ha afrontado varios problemas con comunidades. Desde hace varios años enfrenta una pugna con comerciantes de Izabal porque  cruzaba en los límites del área protegida Parque Nacional Río Dulce.

En Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, también hay oposición, y recientemente la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la apelación de la compañía y dejó firme la sentencia que ampara a la población,  porque se omitió la consulta a   las comunidades.

A Trecsa le fue adjudicado el proyecto en el 2009 y tiene hasta septiembre del próximo año para concluir la obra.
La compañía operará por 50 años las líneas de alto voltaje. En una primera etapa cobrará por el servicio US$485.2 millones —Q3 mil 671 millones— durante  15 años. Posteriormente, el Estado seguirá con el pago a la empresa, en concepto de peaje, en un monto aún no especificado.

Postura

Abiertos al diálogo

Jeannette Jiménez, jefa de Atención Comunitaria de Trecsa, dijo  que están abiertos al diálogo, por lo que exhorta a los grupos  que tienen dudas  respecto del desarrollo de PET-1-2009 a que se acerquen a la entidad.

“El no  contar con todos los avales municipales por donde pasa el trazado de la línea de transmisión  impide continuar la obra”, dijo.

Agregó que la oposición de las comunidades es la causa del atraso de los trabajos.