Para expertos en el tema, el potencial se desaprovecha porque el país no cuenta con el mecanismo financiero para poder comercializarlos, lo que implica no poder aprobar proyectos que sean sostenibles en el tiempo.

Javier Márquez, integrante de Defensores por la Naturaleza, señala que esperar ya no es una opción y refirió que deben implementarse, lo antes posible, mecanismos para comercializar esos bonos de carbono.

Los también conocidos como “créditos de carbono” son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes del medioambiente, y es una de las medidas propuestas por el Protocolo de Kioto para la reducción de los causantes del calentamiento global.

Gran potencial

Según Márquez, el país cuenta con más potencial del que se reporta, debido a varios proyectos privados, además de las áreas protegidas que pertenecen al Estado.

En Guatemala, Defensores por la Naturaleza genera créditos en la Sierra del Lacandón. En tres años, según sus estadísticas, han producido 360 mil toneladas.

Eso se traduce, según explicó Márquez, en que se evita que los gases contenidos en los árboles se liberen a la atmósfera y se mitiguen los efectos del cambio climático.

Existen otros proyectos de organizaciones sin fines de lucro, privadas y público-privadas como Guatecarbón, que reduce la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).

Sergio Guzmán, director de ese proyecto, comentó que este mecanismo se desarrolla en la zona de usos múltiples de la RBM, en donde las comunidades forestales tienen a su cargo alrededor de 500 mil hectáreas de bosque certificado.

Únicamente ese proyecto tiene capacidad para generar 37 millones de toneladas de CO2 en un periodo de 30 años.

“Si hablamos de las proyecciones, a 30 años se producirán 37 millones de toneladas. Hablaríamos de más o menos US$111 millones en ese período”, dijo el ejecutivo.

Rezago

A pesar de que el proyecto Guatecarbón funciona desde hace dos años, aún no se definen las acciones para vender ese millón de créditos disponibles.

Guzmán explicó que el instrumento financiero es muy innovador y el Estado de Guatemala, a través de la autoridad competente, que en este caso es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), es el que está generando un mecanismo que utiliza algunos modelos institucionales, similares al de la madera y los productos no maderables.

Vivian Villegas, coordinadora de gestión ambiental de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que han desarrollado estrategias de comercialización, que hay cartas de interés de compradores, “pero el país no termina de definir el mecanismo financiero”.

Guzmán, quien trabajó junto con Conap, dijo que este consejo creará las normativas para el uso y manejo de los servicios ambientales, con base en las mismas ordenanzas de la Ley de Cambio Climático.

La normativa estipulará quiénes pueden hacer uso y manejo de los servicios ambientales y quienes los utilicen podrán en su momento hacer las transacciones de estos, retribuyéndole al Conap la tarifa respectiva para actividades de reducción de la deforestación.

Según Márquez, en este momento para los proyectos privados la única forma de aprovechar ese potencial es utilizar el mercado voluntario a fin de vender los bonos que generan, siguiendo estándares internacionales, con el respaldo de las certificaciones correspondientes.

En el 2015 se anunció que ya se podían vender, pero no se explicaba cómo, por lo que el trabajo se centró en informar que existe la disponibilidad, y organizaciones nacionales como Agexport hicieron una promesa de compra, así como otras organizaciones internacionales, refirió Guzmán.

Guzmán espera que para finales de este año esté listo el mecanismo para poder iniciar las transacciones.

Para eso, afirmó, trabajan en conjunto asesores legales y técnicos del Conap y de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop).

Mercado de carbono

Empresas en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y otros de Europa generan emisión de gases de tipo invernadero, mientras que los que se encuentran en vías de desarrollo, con abundancia de bosques, generan oxígeno. Guatemala es uno de ellos.

Entre ambos bloques se logran acuerdos para equiparar el número de emisiones de carbono a cambio de oxígeno.

La venta del carbono capturado o créditos de carbono produce recursos que se destinan a frenar la deforestación en países con altas tasas de pérdida boscosa, lo cual permite apoyar la conservación de bosques y crear pulmones en diferentes partes del mundo.

En opinión de Villegas, el proyecto busca reducir emisiones a través de evitar la deforestación en un territorio estratégico para el país.

Lo que se produzca en créditos de carbono debe ser validado por un ente internacional, que por medio de una visita de campo certifica que los 1.2 millones de toneladas de CO2 son reales.

Los gases de efecto invernadero (GEI) cumplen la función de formar una capa para que los rayos del sol no entren con intensidad en la atmósfera, y son necesarios, en ciertas cantidades, para que la vida continúe su curso

Sin embargo, el planeta está excediendo el límite de esos gases que puede mantener, incluso ha llegado a 450 partes de carbono por cada parte de oxígeno, cuando debería mantenerse en 350, y esto ha causado variabilidad climática.

Todos los seres humanos generamos GEI. Sin embargo, los más dañinos son los producidos por el uso de combustibles fósiles, el metano que emite el ganado, entre otros generadores.

Para contrarrestrar estos efectos, en 2015 se firmó el Acuerdo de París, junto con el Protocolo de Kioto, en el que todos los países y no solo los industrializados se comprometieron a limitar sus emisiones de dióxido de carbono o CO2.

Uno de los acuerdos es acudir al mercado de venta de carbono para apoyar a países que cuentan con proyectos de reducción de emisiones y se encargan de preservar los bosques y la naturaleza.