Los afectados señalaron que hubo ilegalidades en el proceso de destitución y además violentaron sus derechos.
El segundo proceso que enfrenta es por coacción y usurpaciones ilegales, y fue enviado a la Salta Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, quien nombró a un juez para determinar si existen las suficientes pruebas para retirarle la inmunidad.
En ambos casos, se dio un plazo de 60 días para recabar las pruebas en contra del jefe edil, quien podría ser escuchado la próxima semana en una audiencia oral y pública en la cabecera departamental.
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