Los desvíos de ríos, por obra y maquinaria de poderosos finqueros, pero también de diputados y alcaldes, han sido una denuncia frecuente.

Se arrogan el derecho de utilizar los afluentes como provisiones gratuitas y privadas para el riego de sembradíos, sin importarles que haya comunidades perjudicadas corriente abajo, lo que ha desatado reacciones desesperadas: vecinos y autoridades ediles que alquilan maquinaria para volver a encauzarlos y mantienen vigilancia para que no ocurra de nuevo lo que ellos han dado en llamar secuestro de ríos.

La situación se ha agudizado porque muchos de los afluentes ya no tienen el mismo caudal, pues por efecto del cambio climático, la deforestación y desbalances en el patrón de lluvias, el agua de las cuencas tiende a reducirse, de tal suerte que cuando un río es desviado a extensas plantaciones, como puede observarse en imágenes satelitales, las más afectadas son las pequeñas comunidades que viven de la pesca y la agricultura.

Esas variaciones climáticas también producen el efecto contrario con las inundaciones en época de lluvia.

Pero no es solo en la provincia donde se vive el drama del agua, pues en las principales áreas urbanas del país la problemática se ha hecho creciente, y al respecto la capital puede dar testimonio de una crisis que no solo no ha podido ser superada, sino que en tres décadas solo se han implementado soluciones parciales como la apertura de más pozos, que al final apuntan a un empeoramiento de la situación.

Por otra parte, los sectores que tienen un servicio de agua domiciliar más o menos regular no están libres de penuria, y para muestra baste el reciente brote de enfermedades gastrointestinales en sectores de la zona 15, que unos atribuyen a un deficiente tratamiento del agua y otros, a contaminación de las cañerías.

La municipalidad capitalina se ha escudado en estudios del Ministerio de Salud, a pesar de que los vecinos han ordenado por su cuenta análisis moleculares que detectaron presencia de bacterias, mientras la comuna niega que se haya originado en su planta de tratamiento.

En todo caso, los ingredientes para una crisis nacional del agua parecen estar cada vez más completos: renovación y disponibilidad decreciente del recurso, sobreutilización sin normativa, contaminación galopante de ríos y lagos, así como una población creciente en zonas rurales y urbanas.

Es tiempo de que los legisladores dejen de lado las marrullerías para proteger sus privilegios o cubrirse las espaldas de potenciales investigaciones penales y empiecen a pensar en que el país necesita una regulación de este recurso, antes de que la conflictividad se desborde, como ya se avizora aquí y en otras latitudes del mundo.