Política

Ven ilegalidades en 158 proyectos

Pese a que la Ley obliga a desembolsar recursos del costo de obras solo cuando se entreguen constancias de avances físicos, la bancada Encuentro por Guatemala (EG) denunció que 158 proyectos de inversión recibieron dinero sin haber continuado e incluso iniciado la construcción.

Por Jessica Gramajo

Bancada Encuentro por Guatemala citó a autoridades de la Contraloría por posibles ilícitos en la ejecución de 158 obras en el país.
Bancada Encuentro por Guatemala citó a autoridades de la Contraloría por posibles ilícitos en la ejecución de 158 obras en el país.

Los diputados interpusieron una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) para que se investigue quiénes son los responsables de haber entregado fondos a las unidades ejecutoras sin haber comprobado el avance físico.

De las 158 obras inconclusas, los diputados detectaron la erogación de Q73 millones 107 mil 199. El 71 por ciento de los proyectos es obra gris, y el 29 por ciento restante, en inversiones varias.

El señalamiento se presentó en una citación con autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes confirmaron la denuncia y comentaron que también han encontrado casos similares.

La mayoría de los proyectos inconclusos se localiza en San Marcos, pues de 158 obras, 39 se ubican en ese departamento, y a un costo de Q9 millones 462 mil.

Sin embargo, en Baja Verapaz se localizan los proyectos más caros, pues aunque son 12 obras, se han erogado Q17 millones 741 mil.

En el departamento de Guatemala también encontraron obras inconclusas valoradas en Q1 millón 539 mil. Una es por red de alumbrado público en la zona 6, también una construcción de calle en la zona 15 y el mejoramiento de un cementerio y de un hospital psiquiátrico.

Nineth Montenegro, jefa de EG, explicó que efectuaron un mapeo de las obras del programa de inversión anual, y con base en las proyecciones y ejecución se realizó un análisis de campo.

En la visita que diputados hicieron a San Marcos, localizaron que en el hospital local el cielo falso fue pagado en su totalidad, pero nunca se colocó.

“Lo más triste es que se repondría el cielo falso que al caer mató a una bebé durante el terremoto del 7 de julio —del 2014—”, manifestó Montenegro.

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¿Culpables?

La denuncia que la bancada EG presentó en el MP no va dirigida a ningún funcionario, ya que, según la referida congresista, si la obra es de una municipalidad, el encargado primario sería el jefe financiero, aunque “un ministro de Finanzas no puede hacer desembolsos sin evaluar el avance físico de la obra”.

Según la Ley de Contrataciones, el Gobierno puede otorgar un anticipo supervisado de hasta el 20 por ciento del valor del contrato, y si no se inicia la obra, deberá reintegrar los recursos y pagar el interés legal sobre lo recibido.

De los 158 proyectos inconclusos, 142 están a cargo de municipalidades. La mayoría es por mejoramiento de calles, introducción de agua entubada, construcción y ampliación de escuelas, conservación de caminos rurales y fomento de la educación.

También hay seis proyectos que debió ejecutar el Ministerio de Salud por Q2.4 millones, en su mayoría reconstrucción de hospitales afectados durante el terremoto en San Marcos y otros dañados en Quetzaltenango.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también aparece con tres proyectos valorados en Q4.3 millones, incluida la ampliación del hospital en Puerto Barrios, Izabal.

Montenegro explicó que solicitó información a las comunas. “La única que respondió fue la de Siquinalá, Escuintla, y dijo que no tienen registros de las obras en el sistema nacional de inversión física, por la quema del edificio edil el 6 de septiembre pasado.

César Elías, subcontralor general, indicó que tienen 54 procesos de denuncias por obras que fueron abandonadas; pero continúan el inventario, por lo que la cifra podría incrementarse.

“Los auditores gubernamentales establecieron que podría haber ilícitos en dichas obras. No podemos informar más, porque se está confirmando”, manifestó Elías.

Agregó que auditan el presupuesto en 200 municipalidades y en el Ministerio de Comunicaciones.

Según Elías, los responsables son los jefes financieros de las municipalidades y “la autoridades superiores; es decir, alcaldes o ministros..., porque no se debe poner en riesgo capital del Estado”.