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El día en que el expresidente de Brasil Lula da Silva fue encarcelado hace 38 años

Treinta y ocho años después, otro mes de abril parece que vuelve a depararle a Lula da Silva un nuevo destino carcelario.

Lula fichado por el Departamento de Orden Política y Social (DOPS) donde estuvo preso durante 31 días en 1980. ARCHIVO INSTITUTO LULA

Lula fichado por el Departamento de Orden Política y Social (DOPS) donde estuvo preso durante 31 días en 1980. ARCHIVO INSTITUTO LULA

El expresidente de Brasil tiene hasta la tarde de este viernes para presentarse ante la Policía Federal después de que el juez Sergio Moro ordenó su ingreso en prisión. Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Esta es la historia de cómo Lula fue encarcelado por primera vez.


Las luces y los ruidos de los motores asustan a la mujer que duerme abrazada a su marido en la penumbra del dormitorio. Despiertos, la pareja espía a través de las cortinas del salón lo que ocurre allá afuera.

Delante de la casa, vehículos de los que bajan hombres de traje oscuro y semblante serio. Hay fuertes golpes en la entrada de la vivienda.

-¡Luis Inázio! ¡Abra la puerta!

Ya vestido, el hombre acaricia el rostro de su compañera antes de que lo empujen de cara al vehículo.

-Quédate tranquila. No hay necesidad de sufrir. Como dice mi madre, las cosas van a mejorar.

La escena es uno de los momentos culminantes de la película “Lula, el hijo de Brasil” (2010), de Fábio Barreto.

A partir de las memorias de Luis Inázio Lula da Silva y de su esposa Marisa Letícia —fallecida en 2017—, el largometraje reconstruye de forma libre la entrada en prisión del entonces sindicalista, en abril de 1980.

En aquella época, Lula lideraba una huelga en el sector de la metalurgia en la zona metropolitana de Sao Paulo (llamada ABC) que dejó al país sin respiración.

Una noche de pánico

La biógrafa Denise Paraná, autora del libro que sirvió de guión para la película, cuenta como la esposa del futuro presidente de Brasil le describió los momentos de tensión vividos en aquella noche de abril de 1980.

“Marisa, en estado de terror, temía que la policía entrase en la casa y llevase a cabo una matanza delante de los niños”, escribió Paraná.

No era un miedo infundado. La dictadura militar instaurada en 1964 y que acababa de cumplir 16 años en el poder agonizaba, pero todavía no estaba muerta.

Los encarcelamientos arbitrarios, las torturas y las muertes se habían vuelto algo habitual.

Uno de los que en 1975 esperaba la muerte en uno de los DOI-Codi — los centros de inteligencia y defensa de la dictadura militar que había repartidos por todo el país — era José Ferreira da Silva, más conocido como Frei Chico, también sindicalista y hermano de Lula.

En 1980, la entrada de Lula en prisión se produjo sin un mandato judicial. A la vez que él, otros 12 sindicalistas fueron detenidos, incluyendo a los abogados Dalmo Dallari y José Carlos Dias.

No se sabía con certeza cuándo podrían ser puestos en libertad o de qué crímenes se les acusaba.

Ahora, en 2018, las condiciones son bien diferentes.

En esta ocasión, el posible encarcelamiento del expresidente brasileño es el resultado de un proceso judicial que se extiende desde hace casi dos años y en el que se le culpa de recibir un apartamento de tres plantas en Guarujá, en el estado de Sao Paulo, de parte de la constructora OAS en señal de agradecimiento.

La sentencia, ya confirmada en segunda instancia, prevé 12 años y un mes de cárcel. El pasado miércoles, el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió que Lula podrá empezar a cumplir la pena, a pesar de no haber agotado todos los recursos.

Nunca desde 1980, ha estado Lula tan cerca de volver a vivir en una celda.

Revueltas en el régimen

El nerviosismo de Marisa contrastaba con la calma de su marido. Lula sabía que, una vez iniciada la huelga, corría el riesgo de acabar en prisión.

El año anterior él y toda la directiva del Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo y Diadema habían sido apartados de sus cargos por el gobierno del general-presidente Joao Figueiredo.

Divididos sobre el futuro del régimen, a los militares les unía el aire de descontento que se palpaba en el aire.

Querían aprovechar la huelga para dar una estocada a la espina dorsal del movimiento sindical metalúrgico de la zona metropolitana de Sao Paulo que había surgido dos años antes.

Lula, como líder emergente, era uno de los más vigilados. Sus amigos, que temían lo peor, le habían aconsejado dejar el país, pero él se negaba.

La campaña salarial de 1980 fue cuidadosamente preparada y también la huelga que se acordó después de que los trabajadores no vieran atendidas sus demandas.

El paro comenzó el 1 de abril. En secreto, la directiva había creado un “grupo especial” destinado a mantener el movimiento en caso de que todos acabaran en la cárcel.

La posibilidad de que el gobierno interviniese de nuevo en los sindicatos, tal como había ocurrido en 1979, era bastante factible y reconocida abiertamente.

El encarcelamiento de los líderes y la intervención del sindicato llegó cuando el paro cumplía 17 días.

“Un líder muerto”

Antes de que la policía abatiera la puerta de la residencia de Lula, se habían producido altercados entre un grupo de trabajadores y las autoridades frente a la sede del sindicato.

Paulo Maluf, ícono del régimen y gobernador de Sao Paulo, ya había dicho en una ocasión que el líder del sindicato de los metalúrgicos era un “líder muerto”.

Era una exageración, pero la imagen de Lula, barbudo y desarreglado, recorrió el mundo.

El líder sindical pasó 31 días en una celda del Departamento de Orden Política y Social (DOPS) por liderar el movimiento de los trabajadores del metal. Durante seis días llegó a hacer huelga de hambre.

El jefe del DOPS, el delegado Romeu Tuma, dejó salir de prisión a Lula para que asistiese al funeral de su madre, Eurídice Ferreira de Melo. Lula acudió al funeral escoltado por policías. El día anterior, la huelga había terminado y su líder sería puesto en libertad ocho días después.

Al año siguiente, Lula pudo escuchar por la radio, desde casa, el juicio sobre su proceso en la 2ª Auditoría Militar, en Sao Paulo. Al igual que los otros detenidos y sus abogados, había decidido no comparecer a la audiencia en protesta contra la arbitrariedad del proceso.

Lula y los otros diez dirigentes fueron condenados a penas de entre dos años y seis meses de cárcel por “incitación a la desobediencia colectiva de la ley”.

Pero como la defensa no se había presentado al juicio, el Tribunal Superior Militar anuló el juicio. Sin embargo, una nueva vista celebrada en noviembre confirmó las sentencias.

Tras un recurso ante el Tribunal de uno de los condenados, todo el proceso quedó anulado.

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