La deliberación de los magistrados tardó más de siete horas, y a eso de las 17, dictaron su sentencia por unanimidad. Maldonado, presidente de la CC, dijo que denegaron el amparo a Portillo, quien lo solicitó para evitar su extradición, y pidieron que se le garantice “un trato digno y humano”.

“Se llegó a la conclusión, luego del estudio del expediente, que por su dificultad había que estudiarlo en todas sus dimensiones y resolver con base en análisis y debates jurídicos”, explicó Maldonado en rueda de prensa ofrecida en la sala de vistas de la CC.

Los siete magistrados suspendieron su sesión plenaria desde el 17 de agosto recién pasado, y acordaron pedir el expediente completo de Portillo a la Corte Suprema de Justicia, para estudiarlo y resolver.

A la pregunta de en cuánto tiempo podría ser extraditado Portillo, Maldonado respondió que al notificar a todas las partes, el caso le es entregado al Organismo Ejecutivo, el cual tiene la última palabra.

Portillo aún no puede ser enviado a EE. UU., sino hasta que finalice el proceso por peculado de Q120 millones, delito por el cual fue absuelto junto con los ex ministros de la Defensa y de Finanzas, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, respectivamente, el 9 de mayo último. Esa sentencia fue apelada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

MP se muestra satisfecho

Claudia Paz y Paz, fiscal general, manifestó sentirse satisfecha por la resolución de la CC: “Es un fallo que da esperanza; es un fallo con el que concuerdo. Con esto se fortalece el sistema de justicia en el país, y es congruente con los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional, porque se responde a una solicitud girada por EE. UU.”.

Sobre el caso del desfalco de los Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, Paz y Paz dijo que aún está pendiente que se resuelva la apelación planteada por la absolución dictada en su contra. “Este es un caso sólido, que sigue su marcha contra él y sus ministros. Para nosotros es importante que enfrente la justicia acá, y la apelación seguirá. Si no, viene el recurso de casación”, advirtió.

Casos en su contra

La justicia de EE. UU. solicitó la extradición de Portillo por el delito de conspiración para el lavado de US$70 millones, porque supone que el exgobernante utilizó la banca de ese país para el traslado de fondos del erario nacional.

Además, durante la gestión gubernamental de Portillo —del 2000 al 2004— salieron a luz por lo menos 15 casos de desfalco en instituciones del Estado, los que hasta el momento suman más de Q6 mil millones, y que se dan por perdidos. Entre estos destacan los desfalcos en los ministerios de la Defensa, Gobernación y Comunicaciones, además del Estado Mayor Presidencial, el Seguro Social y faltantes en la Presidencia de la República y en el Crédito Hipotecario Nacional.

También hubo denuncias sobre fondos destinados a obras inexistentes, sustracción de fondos en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y depósitos injustificados en los bancos Metropolitano y Promotor, de su principal financista de campaña, Francisco Alvarado Macdonald.

En el 2001, Portillo autorizó transferencias para el Ministerio de la Defensa de fondos de Educación, Salud y Gobernación, que sumaron Q906 millones.

En ese proceso están vinculados seis militares, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, fundador del partido que llevó a Portillo al poder.

Borran evidencias

Han pasado siete años, y los expedientes de investigación por el asesinato de seis personas vinculadas con el desfalco al Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor Presidencial aún no tienen solución; unos están archivados y otros desaparecieron.

Siguen en la impunidad las muertes de Juan José de León Pineda, capitán asimilado que cobraba en efectivo los fondos saqueados de la Defensa; José Raúl Cerna, jefe de Finanzas del Estado Mayor Presidencial; Surama Payeras, atacada a balazos cuando conducía el vehículo de Cerna; Jorge Rivera, encargado de los viáticos de Portillo en el extranjero; David Elías y William Rivera, conductores de un automotor blindado que pudo haberse usado para el traslado de dinero estatal.

Historia judicial

El expresidente ha tenido varios problemas con la Ley.

• Alfonso Portillo se convierte en el primer exmandatario de Guatemala extraditado a los EE. UU. Por ese caso, el 26 de enero del 2010 fue detenido en Izabal, cuando pretendía huir hacia Belice, un día después de que EE. UU. lo acusó de manera formal.
• Pese a que en el país se le iniciaron varios procesos, el único que llegó a juicio fue el de peculado de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, del cual fue absuelto.
• El exmandatario, que gobernó entre el 2000 y el 2004, es acusado de desviar fondos del Ejército y sustraer donaciones de la República de China Taiwán, y trasladarlos a sus cuentas personales y de familiares.
• Para blanquear el dinero empleó cuentas bancarias en EE. UU., Lichtenstein, Inglaterra, Luxemburgo, Francia y Suiza.
• México ha sido su segunda patria, hacia donde marchó a finales de 1970 y en el 2004.
• En la primera ocasión mató a dos estudiantes universitarios de Chilpancingo, Guerrero, en un incidente que admitió, aunque alegó que fue en defensa propia. Nunca fue procesado por ese hecho.
• Ese incidente lo utilizó como argumento en su campaña que lo llevó a la Presidencia en el 2000.
• Al dejar el cargo se incorporó como diputado al Parlamento Centroamericano, pero el 18 de febrero del 2004 huyó a El Salvador y de allí a México, al conocer que había perdido la inmunidad.
• El expresidente fue extraditado a Guatemala en el 2008 desde México, después de cuatro años de haber permanecido en ese país y lograr evadir la prisión por el pago de US$125 mil de fianza.
• Durante el trámite de los casos, su defensa planteó una serie de recursos. En México se logró liberar después de cuatro años.

Portillo fue extraditado a Estados Unidos el 23 de mayo de 2013 para enfrentar juicio por haber utilizado bancos de este país para lavar dinero. Se declaró culpable el 18 de marzo de 2014 en una corte de Nueva York, al reconocer que recibió soborno del Gobierno de taiwán por medio de tres cheques por US$2.5 millones. 

El exmandatario fue condenado a 70 meses de prisión, de los cuales se le restaron los tres años y medio que estuvo preso en el país.

El 25 de febrero de 2015 retornó al país luego de cumplir la condena en Estados Unidos. Ese mismo año intentó participar en las elecciones como diputado por el partido Todos, sin embargo su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral en base al artículo 113 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que exige idoneidad y honorabilidad.