Tras un arduo trabajo de la Oficina Jurídico-legal de la Parroquia de Chajul y la Asociación Chajulense, eran presentados los casos comprobados en conferencia de prensa, los afectados pertenecían a los municipios de Santa Marñia Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

Pese a la firma de un acuerdo para el resperto a los derechos humanos por parte del Gobierno y la URNG, en esta región localizada al noroccidente de Quiché se observaba continuamente intimidación hacia los vecinos.

El párroco Rosolino Bianchetti expresaba que estas comunidades vivieron las consecuencias de la impunidad y que las leyes ni siquiera llegaron hasta esos lejanos pueblos, donde la URNG y el Ejército, así como las demás autoridades, hicieron lo que quiesieron con los pobladores.

Por su parte, monseñor Julio Cabrera, obispo de la diócesis de Quiché, señaló que ese departamento fue una de las zonas más afectadas por la guerra interna y en Chajul e lxcán se dieron las peores violaciones a los derechos humanos.

Agregó que los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, eran los principales violadores a los derechos humanos, pues se tomaban poderes que no les competían y en muchos lugares se acreditaron como la autoridad local.

En el informe presentado se indicaba que para esa fecha había 2,500 asociados a esa oficina y representaban unas 15 mil personas que habitaban 48 comunidades de siete municipios del norte del país.

Al ser consultado sobre el tema el presidente de la república Ramiro De León Carpio expresaba que era lamentable que continuaran las violaciones en algunos lugares, pero que ahora ya empezaban a darse cuenta de que también la URNG era también responsable, como lo señalara la oficina jurídica de la parroquia de Chajul.

Trágica historia

A partir de 1978 las dinámicas de la guerra fueron en escala ascendente. Los chajulenses empezaron a presenciar muertes extrajudiciales y a plena luz del día vieron cómo eran ejecutados quieres eran calificados como guerrilleros y a los que se identificaban como colaboradores del Ejército.

La población experimentó el punto más crítico de la guerra, pues las maniobras militares empezaron a tomar posiciones extremadamente deshumanizantes en contra de la población civil, tal como la política de tierra arrasada.

Los grupos alzados en armas optaron por practicar esta misma política con aquellas comunidades que tenían identificadas como colaboradoras del Ejército.

En su totalidad las familias fueron desintegradas por las pérdidas de algún familiar y desarraigadas de sus lugares de origen. Las estimaciones de la población ejecutada en esa época se calculan entre 2,800 a 3000, por parte de ambos bandos.