El primer fusilamiento registrado en el país data de 1840, cuando el presidente de la República, general Rafael Carrera, envió al paredón a Roberto Molina, alcalde de Quetzaltenango, quien fue ejecutado junto con sus concejales.
Historia de la pena de muerte en Guatemala
Durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), el control sobre la población se mantuvo por políticas represivas y hábiles. La aplicación de la ley fuga, el control de las cárceles —las cuales estaban atestadas tanto de criminales comunes como de presos políticos— y el fusilamiento fueron parte de ese régimen.
Las ejecuciones continuaron, sobre todo en los regímenes militares, en contra de asesinos y violadores.
Estas eran paralelas a la política contrainsurgente aplicada a líderes estudiantiles, sindicales y opositores, quienes eran ejecutados extrajudicialmente.
Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, el fusilamiento fue aplicado por los polémicos Tribunales de Fuero Especial, que ejecutaron, según registros, a 15 personas.
La última ejecución por fusilamiento tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996, con gran atención mediática, al punto de haber sido televisada en directo.
Esto hizo que se pasara de las armas a la inyección letal.
Esta situación obligó a las autoridades a solicitar la reforma del decreto 234 del Congreso, emitido en 1946, que indicaba el procedimiento de las ejecuciones y sustituir el fusilamiento por la aplicación de la inyección letal para darle un trato más humano al condenado.
El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el Módulo Letal, en el que se aplicaría el nuevo tipo de ejecución.
El 10 de febrero de 1998 se ejecutó a Manuel Martínez Coronado, primero por inyección letal, por la masacre de una familia.
Las últimas ejecuciones datan del 29 de junio del 2000, de dos secuestradores, también mediante inyección letal.
Brasa de mano en mano
Luego de las últimas ejecuciones, el presidente Alfonso Portillo eliminó en el 2001 la facultad del Ejecutivo de aplicar el indulto. El tema se retomó en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando el Congreso intentó por medio de un decreto la reactivación de la pena de muerte y el indulto presidencial. Sin embargo, Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.
El tema de la pena de muerte ha sido utilizada por los políticos para sus campañas electorales. Por ejemplo, Manuel Baldizón y Zury Ríos prometían aplicarla, si llegaban al poder.
El actual presidente, Jimmy Morales, dijo abiertamente que aplicaría la pena de muerte. El diputado oficialista Marcos Yax presentó el 9 de agosto de 2017 una iniciativa en el Congreso para reactivar la aplicación de la pena capital.
