Desde su creación y ante la expansión y descentralización del Estado la ley se encuentra obsoleta y se han realizado varios intentos por reformarla o desecharla, para adaptarla a los tiempos modernos.

La creación de la Ley llevó un largo debate de un año y medio, además de numerosos estudios y 11 proyectos de ley. Para elaborarla se formó una comisión de varios diputados quienes viajaron a Colombia y Puerto Rico en programas auspiciados por la AID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a efecto de observar la forma como funcionan las leyes similares en dichos países.

En ese entonces la Constitución vigente (1965) fijaba un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de la carta magna, para que el Congreso emitiera una ley para regular el Servicio Civil, la cual fue promulgada tres días antes del término fijado. 

El presidente en funciones del Congreso, doctor Trinidad Uclés, manifestó en una entrevista para Prensa Libre el 3 de mayo de 1968 que la nueva ley, sin ser perfecta, constituía un gran avance en el país y que ofrecía una parte muy importante como lo constituye la disposición sobre los ascensos, estableciendo en esa forma la carrera civil de los trabajadores del Estado.

La ley establecía un sistema de oposición que desterraba el favoritismo, en especial el político y también la creación de una Junta Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Otros aspectos sobresalientes de dicha norma eran la regulación del sistema de ascenso, fijando los derechos pero también las obligaciones para los trabajadores del Estado, prestaciones y la jornada máxima de 44 horas semanales. 

A pesar de que la ley debía de implementarse de inmediato, se estableció que la misma, por motivos operativos, empezara a aplicarse a partir de 1969.

Obsoleta

Luego de 50 años sin ninguna reforma, el contexto en el cual fue concebida la normativa ha cambiado en cuanto a renglones, condiciones, estándares de calidad, competencias laborales e incluso en cantidad. 

Nueve años después de aprobada la ley, el Estado contaba con 109 mil 439 trabajadores, cifra que se mantuvo relativamente estable en las siguientes décadas, caso excepcional en 1992 que se redujo a 103 mil 861 personas. 

A marzo de 2017, según estadísticas de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) se reportan 237 mil 586 trabajadores. Los compromisos electorales que adquieren partidos y candidatos los llevan a ofrecer puestos en el Estado a personas afines, sin importar la calidad, la función o la eficiencia.

Varios expertos señalan que la Ley de Servicio Civil es “irreparable” y que se debe desechar completamente y aprobar una nueva. 

Deben tomarse en cuenta aspectos como la rendición de cuentas, definición de responsabilidades civiles y penales, ingresar en el servicio civil no por ser colaborador de un partido político, ofrecer mayor estabilidad laboral de acuerdo con las capacidades y crear una carrera burocrática que incluya escalafones; estos puntos son necesarios para una nueva ley. 

En los últimos años se han presentado iniciativas para modificar la actual norma, pero no han prosperado en el Congreso. En la actualidad el debate está presente y se ha presentado una propuesta para eliminar la Onsec y crear una secretaría nacional que tenga más potestad e independencia y erradicar además el nepotismo. Varios sindicatos se han opuesto a las reformas ya que argumentan de que no se les ha tomado en cuenta.