Durante las tres jornadas se percibió una pugna política entre la municipalidad, en manos del PAN, y los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos controlados por el FRG, lo que hizo suponer que la solución de la crisis no sería fácil.
Así, la jornada del martes 25 empezó a tornarse delicada y concluyó con 17 unidades del transporte destruidas o dañadas, situación que las fuerzas de seguridad no pudieron evitar. Unicamente reaccionaron al capturar a 58 manifestantes, en su mayoría menores de edad.
Se lavaban las manos
Los bochinches subían de tono, y mientras el alcalde Fritz García aseguraba que no daría marcha atrás porque, el alza era inevitable, el vicepresidente, Francisco Reyes, advertía que sólo si el jefe edil se declaraba “incompetente e incapaz” y lo pedía, el Gobierno “analizaría” intervenir, ya que era un problema eminentemente municipal.
Mientras ninguna autoridad intervenía en el problema, el desborde de los inconformes en distintas zonas de la capital aumentaba. Protestas de estudiantes universitarios, de nivel medio, vendedores de mercados y agrupaciones sindicales hacían imposible transitar por las principales calles; centenares de usuarios transitaban a pie porque los transportistas retiraban sus unidades, por temor a más daños.
El Ministerio de Educación decidió suspender las actividades escolares en el sector público, y poco a poco hicieron lo mismo los colegios, en medio de un clima de zozobra.
Miércoles y todo igual
La tercera jornada de disturbios siguió el miércoles. Fue entonces cuando el Congreso emitió un acuerdo legislativo donde pedía al alcalde dejar sin efecto el incremento, a la vez que ratificaba su NO al solicitado subsidio. Los analistas vieron detrás de todo esto una pugna política entre el FRG y el PAN.
El jueves 27, la violencia alcanzó su nivel más alto, ante la evidente incapacidad de la Policía Nacional Civil, que no pudo controlar los desórdenes provocados por los inconformes.
El alza al transporte urbano ha provocado disturbios violentos en 1973, 1978 -los peores de todos los tiempos± 1993, 1994, y ahora en 2000.
Duelo en periodismo
En medio del dolor e indignación, los periodistas que cubrían los bochinches en el Centro Cívico vieron caer al reportero gráfico de Prensa Libre Roberto Martínez Castañeda, quien se convirtió en la primera víctima mortal de los disturbios provocados por el alza en el transporte urbano, al ser muerto por un policía particular.
Martínez caminaba a eso de las 14:30 horas junto a otros periodistas sobre la 7a. avenida y 20 calle, zona 1, para captar con su lente los actos vandálicos de un grupo de bochincheros que desafiaba a las autoridades, cuando de repente, desde lo alto de la pared del parqueo de Autopartes Kars, marcado con el número 20-50, el guardia particular Gustavo Adolfo García Rosales, de 42 años, disparó repetidas veces con una escopeta calibre 12, acertándole un balazo a nuestro compañero de labores.
Como en muchas otras jornadas, Martínez había pasado horas corriendo de un lado a otro con su cámara, capturando cada instante en que los bochincheros causaban daños a la propiedad privada y pública.
Paso a paso, Martínez siguió primero a los agentes de las fuerzas antimotines, quienes lanzaban a diestra y siniestra bombas lacrimógenas, que dispersaban, tan sólo por momentos, a la turba que lanzaba piedras, palos y botellas.
En más de una ocasión, Martínez debió esquivar las piedras, y en otras, cubrirse con un pañuelo húmedo la nariz, para evitar una intoxicación severa.
A pesar del humo lacrimógeno, el periodista, junto a otros compañeros, siguió a la turba que se movía por los alrededores del Centro Cívico, pero al pasar frente a Autopartes Kars, se escucharon disparos, cuyo estampido fue más violento que el de los lanzagranadas de los antimotines. La muchedumbre corrió, Martínez intentó cubrirse, pero cayó herido antes de llegar a la acera. Dos colegas intentaron mantenerlo respirando, mientras llegaban los socorristas, quienes lo llevaron al Hospital General San Juan de Dios, donde murió a su ingreso.
Junto a Martínez cayeron Josefina Ceballos, de 51 años, y Sergio Giovanni Ortiz, quienes murieron horas después en el Hospital Roosevelt. También Cristian Alejandro García, camarógrafo de Notisiete, y Julio Cruz, de Siglo Veintiuno.
Tras casi media hora, agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, capturaron a los agentes de la empresa de seguridad privada Cutecse, García Rosales y Luis Fernández Ramírez, de 40 años. El primero admitió haber disparado contra los periodistas, pero no contra Martínez, aunque varios testigos lo señalaron como el responsable del crimen.
“Yo lo vi con su cámara, y no le disparé; le apunté, porque pensé que era una persona de los bochincheros, no sabía qué clase de pera es”, dijo en forma casi incoherente.
El vocero de la PNC, Gerson López, informó anoche que en las investigaciones preliminares se comprobó que la escopeta de García Rosales fue disparada siete veces, y la de Fernández, cuatro.
Martínez cumplía con su labor informativa, sin imaginar que aquella tarde eso le costaría la vida.
Vandalismo
Durante la jornada de protestas prevaleció la anarquía y el vandalismo que causó además de las víctimas cuantiosas pérdidas por saqueos y destrucción de comercios del centro capitalino.
El comercio se vio afectado a causa de los disturbios en la 18 y 24 calles, entre la 7a. y 5a. avenidas de la zona 1, cuando la turba comenzó a quebrar vidrios y lanzar objetos contundentes, y destrozó puertas y ventanas de almacenes, los cuales, posteriormente, fueron saqueadas.
Personeros de la Cámara de Comercio calcularon las pérdidas en aproximadamente Q30 millones.
Fin a crisis
Ya el viernes 28 el ambiente principió a recuperar la calma lentamente. Desde las primeras horas de la mañana unas pocas unidades del transporte urbano principiaron a recorrer sus rutas cobrando las tarifas de Q0.75 y Q1, es decir a su costo anterior.
El ambiente era tenso ante el temor de nuevos disturbios, pero conforme avanzaba el día el número de unidades de transporte aumentaba.
