La Federación Internacional de Prensa que en ese entonces aglutinaba a unos 300 mil trabajadores de prensa en el mundo pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la premio Nobel de la Paz y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que intervinieran para que se garantizaran los derechos de los periodistas.

La FIP se encontraba consternada y repudió la persecución y arraigo de doce periodistas tras el autogolpe, así como acciones contra otros periodistas durante el gobierno de Serrano Elías.