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17/05/13 - 00:00 Huehuetenango

Anarquía reina en Santa Cruz Barillas

En un pueblo sin ley, con anarquía e ingobernabilidad, se ha convertido Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, como consecuencia de la salida de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese municipio a raíz de la conflictividad social que ha surgido en los últimos meses.

POR REDACCIÓN Huehuetenango

El 9 de mayo recién pasado, la subestación policial de Barillas fue destrozada e incendiada por una turba que liberó a Mynor López Barrios, de 45 años, quien había sido detenido por la PNC en cumplimiento de una orden de captura por coacción, amenazas, atentado, instigación a delinquir y reuniones y manifestaciones ilícitas.

López Barrios está vinculado con acciones contra la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz y es prófugo de la justicia.

Los disturbios en ese municipio y en San Mateo Ixtatán para liberar a López Barrios motivaron a que la PNC se retirara del lugar, lo que ha dejado al municipio sin seguridad.

Según Érick Villatoro, auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos los Humanos (PDH), en este municipio no se puede permitir la ausencia de las fuerzas de seguridad, ya que ello perjudica a todos sus habitantes e implica que quedan a merced de la delincuencia, que sin duda aumentará.

Geovany Pivaral, juez de Paz de la localidad, explicó que el personal de esa judicatura, al igual que la población, no tienen ninguna garantía de seguridad, pese a ello, tratan de llevar a cabo sus actividades en forma normal. Agregó que el Organismo Judicial analiza el traslado temporal de ese juzgado a la cabecera, por falta de garantías en ese municipio.

Un vecino que pidió que no se citara su nombre por temor a represalias del grupo opositor a la hidroeléctrica, señaló que el Gobierno ha sido tolerante y ha permitido la ingobernabilidad y anarquía, por ejemplo, con el rescate de López Barrios.

Agregó que, después de la salida de la PNC, el grupo opositor a la hidroeléctrica da información falsa a los pobladores, al decirles que esa empresa también quiere instalar una mina.

“Esa desinformación genera mayor grado de conflictividad, pues muchos se suman a las acciones de los opositores por desconocimiento y porque han sido manipulados”, dijo.

Narcotráfico

Otro de los problemas en este municipio es la incursión del crimen organizado y el narcotráfico, pues, por ser un área fronteriza con México, grupos armados obligan a los vecinos a trabajar con ellos a cambio de que no los maten.

Una muestra de esas amenazas ocurrió en el 2012, cuando el Ejército impidió que 44 personas que estaban retenidas por los Zetas fueran masacrados en Santo Domingo Sinlaj, Barillas.

Datos estadísticos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos revelan que del 2010 a la fecha han ocurrido 10 casos de linchamiento en Barillas, en los que han muerto 13 personas.

El caso más reciente sucedió el 10 de mayo, cuando fue linchado Nicolás Catalino Pablo, y fueron vapuleados Andrea Pascual Pedro, 36; Catarina Pablo Pedro, 43; Iginio Pascual Pedro, 25, y Lorenzo Pascual Mateo Gaspar, 23, a quienes se sindicaba de secuestro.

El vecino David Castillo señaló que no es posible que en tan poco tiempo un poblado tranquilo se convirtiera en un lugar peligroso, donde alguien que se robe una gallina puede ser linchado, o que por trabajar para una empresa le destruyan su patrimonio.

Lamentó que las personas que tienen ideas diferentes a las del grupo que se opone a la hidroeléctrica tenga que vivir con temor a que en cualquier momento sus mismos vecinos le quemen la casa, como ocurrió el año pasado, lo que originó que el Gobierno decretara estado de Sitio.

Vecinos solicitan que el Gobierno haga respetar la ley, devuelva la tranquilidad al municipio y siente un precedente para que las diferencias o problemas se resuelvan mediante el diálogo, ya que utilizar la violencia solo genera más conflictos y división entre los pobladores.

Actos terroristas

El diputado Julio  Villatoro,  de la Unidad Nacional de la Esperanza, opina que la liberación de López Barrios y los hechos violentos   contra   la empresa hidroeléctrica  son actos terroristas que deben ser castigados por la justicia, para devolver la paz al resto la población de Barillas, que está cansada de vivir en conflicto.

El gobernador Antonio López  asegura que está comprometido para  velar por la seguridad y combatir la impunidad,  pues no se puede permitir más linchamientos ni acciones que riñan con la ley.

Pese a ello, no  oficializó la fecha en la cual podría regresar la PNC a Barillas. López explicó que se realiza una tarea de mediación y que está pendiente de lo que ocurre en ese municipio, para evitar nuevos estallidos sociales.

Hidroeléctrica es detonante

Vecinos que rechazan  la hidroeléctrica  aseguraron que la instalación  de esta fue el detonante de la conflictividad social.

Agregaron que este grupo no tiene nada que ver con los linchamientos ni acciones del crimen organizado en el área, y que solo trata de defender los recursos naturales.


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