Prensa Libre

POR MIKE CASTILLO

En el lugar murió Nicolás Catalino Pablo, cuya edad no fue establecida. Los vapuleados son Andrea Pascual Pedro, de 36 años; Catarina Pablo Pedro, 43; Iginio Pascual Pedro, 25, y Lorenzo Pascual Mateo Gaspar, 23, quienes fueron fuertemente golpeados y luego entregados a agentes de la Policía Nacional Civil de la subestación de Santa Eulalia.

Señalamientos

El jefe de la Comisaría 43, César Herrera, informó que estas cinco personas fueron señaladas por la turba de haber secuestrado, el 8 de mayo recién pasado, a Candelaria Pascual Francisco y a una niña, ambas originarias de esa comunidad.

Refirió que horas después del secuestro, la menor fue hallada con vida, pero aún no se conoce del paradero de Pascual.

Herrera explicó que este caso es aislado al conflicto que se vive en Barillas, donde el jueves último hubo disturbios por la captura y posterior liberación de un líder comunitario.

Confirmó que el caso de Pascual es un secuestro, pues quienes se la llevaron habrían negociado con un hijo de la víctima para que les pagara Q500 mil por su liberación.

La captura

Vecinos relataron que durante las negociaciones se llegó a un acuerdo de pago y liberación de la víctima, pero el hijo de esta reconoció la voz de uno de los negociadores y por eso alertó a la comunidad.

Unas mil personas se organizaron y montaron un operativo durante la entrega del dinero a los delincuentes, y lograron la detención de las cinco personas, que resultaron ser vecinos de San Francisco Chajul.

Testigos dijeron que la turba vapuleó a los tres hombres y las dos mujeres para que estos revelaran el sitio donde tenían retenida a Pascual, pero no recibieron ninguna respuesta, por lo que los pobladores enardecidos golpearon aún más fuerte a Nicolás Catalino Pablo, hasta que murió.

Reacciones

El gobernador Antonio López Rojas detalló que este tipo de hechos enluta al municipio y contribuye a la ingobernabilidad.

Dijo que se accionará en el marco de la ley para que ya no haya más impunidad en estas áreas.

Según Vayron Herrera, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), es preocupante cualquier linchamiento, pues los pobladores, por hacer justicia con mano propia, incurren en un delito, ya que quitar la vida a una persona es considerado asesinato.

Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordó que este municipio tiene antecedentes, pues en los últimos dos años han ocurrido varios linchamientos.

“Estos actos convierten a los pobladores en delincuentes, por lo que se hace un llamado para que no se busque justicia por mano propia, sino se permita que las autoridades hagan su trabajo”, resaltó.