La reunión estuvo presidida por Miguel Ángel Bálcarcel, del Sistema Nacional de Diálogo, y asistieron la viceministra de Energía y Minas, Ivanova Ancheta; el gobernador Antonio López y así como el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Erick Villatoro; el jefe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori, y Valerie Julliano, de Naciones Unidas en Guatemala.

La viceministra de Energía señaló que en base a la medida promedio del gasto eléctrico en los hogares del interior del país no se pueden negar los proyectos energéticos.

Ancheta agregó: “Cancelar las autorizaciones otorgadas a dichos proyectos es vulnerar el orden legal vigente, se violenta el principio de seguridad jurídica de los titulares de dichas autorizaciones”.

Debido a la molestia de los vecinos por la respuesta oficial, la funcionaria añadió que el Gobierno está comprometido con proveer desarrollo en la región por medio del plan de desarrollo rural.

Rigoberto Juárez, líder comunitario, no recibió el memorial y señaló que están inconformes con las respuestas a sus demandas. Además indicó que los ministros de Gobernación y de la Defensa han incumplido con los compromisos adquiridos el pasado 1 de octubre.

Agregó que las respuestas del gobierno este lunes son un retroceso,  y ” como representantes de los pueblos hemos decidido no recibir ese documento oficial porque no indica nada nuevo”.

Juárez afirmó que los conflictos se mantienen, el problema es que puede haber derramamiento de sangre, de lo cual responsabilizó a las instituciones de gobierno.

Donato Santizo, alcalde de San Mateo Ixtatán, dijo estar temeroso de las acciones que puedan tomar los pobladores, quienes indicaron que la otra semana podrían realizar movilizaciones si persisten los proyectos hidroeléctricos.

Por varias ocasiones el Gobierno ha instalado mesas de diálogo que han sido infructuosas en Santa Cruz Barillas, la oposición a la hidroeléctrica en el sector ha generado violencia y víctimas mortales.