El jefe policial aseguró que la turba los acusaba de secuestro y de violación, hechos que habrían cometido días atrás, en esa jurisdicción a donde llegaban de forma misteriosa lo que despertó sospechas de los pobladores que los retuvieron y hasta el sábado aún no los habían golpeado; sin embargo, información que manejaron los vecinos hizo que en horas de la madrugada fueran asesinados.

Los tres cuerpos fueron localizados calcinados en el tronco de un árbol a orillas de la carretera de asfalto entre San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, tras las diligencias de levantamiento de los cuerpos el Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif).

Presunta inocencia

Familiares acudieron a la morgue para reconocer a las víctimas y aseguraron que son inocentes de los delitos que señala la población que los ajustició sin tener evidencias que comprobaran los ilícitos de los que fueron acusados.

Un familiar que pidió omitir su nombre por seguridad, explicó que los hermanos se dedicaban a vender dulces en la ruta de la cabecera departamental hacia el norte para lo que utilizaban una motocicleta. “Exigimos justicia porque nos han causado mucho dolor” dijo.

Añadió que el viernes por la mañana unos pobladores mantenían un bloqueo para evitar que el presidente Otto Pérez Molina pudiera llegar a una actividad a Santa Cruz Barillas; sin embargo, al llegar a la aldea Yalamciop, los tres intentaron pasar por la fuerza lo que desató la ira de los manifestantes que los retuvieron.

Los familiares responsabilizaron a los dirigentes de los bloqueos de ser los responsables de haber promovido la ejecución de sus parientes y demandaron de las autoridades realizar una exhaustiva investigación y que esclarezcan el triple crimen.

Condenan hecho

Érick Villatoro Letona, auxiliar de la PDH lamentó que este tipo de acciones violentas persistan en el departamento pues violentan el estado de derecho y constituyen una forma incorrecta de aplicación de justicia pues no se ha seguido el debido proceso en contra de quienes en algún momento fueron capturados sospechosos de uno o varios delitos.

Agregó que esta práctica continúa principalmente en el norte del departamento donde grupos de pobladores en busca de “hacer justicia” violentan una serie de derechos humanos de cualquier persona que es retenida y que en muchos casos no se puede confirmar si son o no responsables.

Villatoro manifestó que la falta de celeridad en la justicia y la poca credibilidad de la población en el sistema de seguridad y justicia generan que este tipo de acciones que van contra todo principio moral y judicial se promuevan en Huehuetenango.