Prensa Libre

AP Arizona

La instancia federal fue contundente al señalar que las diligencias seguirán su curso normal, por lo que la primera audiencia oficial del caso quedó programada para el 1 de noviembre próximo.

En esa fecha, abogados del gobierno de Arizona y del Departamento de Justicia se presentarán ante un panel de tres jueces de la novena Corte de Apelaciones o de Circuito para respaldar sus argumentos de acuerdo con la calendarización que presentó ese tribunal.

La determinación significa, de manera implícita, que el tribunal negó a la administración de la gobernadora Brewer, una petición de audiencia inmediata que sugirió para septiembre próximo.

La novena Corte de Apelaciones, con jurisdicción para todo el oeste estadunidense, seguirá con la ley SB 1070 el procedimiento y protocolo regular que otorga a cualquier apelación a la decisión de algún magistrado federal. Son alrededor de tres meses para una primera audiencia.

El próximo 26 de agosto el gobierno de Arizona presentará a la corte, a través de sus abogados, los argumentos para implementar la ley SB 1070, considerada la más severa hasta ahora contra la comunidad inmigrante.

ARGUMENTOS. El Departamento de Justicia tendrá su turno de presentar argumentos el 23 de septiembre y el panel de tres jueces abre la audiencia el 1 de noviembre.
Ese panel tendrá a partir de esa fecha un plazo límite de 90 días, para finales de enero de 2011 o la primera semana de febrero, para emitir su resolución.

Si cualquiera de las partes apelara la decisión de ese panel, el proceso de seis meses comenzaría de nuevo, pero ante el pleno de magistrados de la Novena Corte de Apelaciones, el tribunal más numeroso de su tipo con 29 jueces.

ANTECEDENTE. El gobierno de Arizona presentó el jueves pasado, día en que entró en vigor la iniciativa, su recurso de apelación, pidiendo a la corte levantar las medidas preliminares sobre la ley de inmigración dictadas por la juez Bolton.

Bolton ordenó el pasado miércoles bloquear de manera temporal algunos de los puntos controversiales de la ley, incluyendo aquellos en los que se daba la facultad a los policías de investigar el estatus migratorio.

La magistrada también bloqueó los apartados en los que se criminalizaba a las personas que no llevaran “documentos de registro de extranjeros” o de “no autorizar a un inmigrante de solicitar o llevar a cabo algún trabajo”, así como aquella que “autorizaba el arresto sin orden judicial de una persona” si había una razón para sospechar que era inmigrante.