Prensa Libre

El Congreso aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Minería. El diputado Claudio Monge, de Acción Ciudadana, el partido más fuerte de la oposición, expresó que ese acuerdo modifica el Código Minero, con el objetivo de prohibir la explotación minera en los refugios estatales de vida silvestre.

Además, crea la excepción a la prohibición de exploración y explotación minera en pequeña escala para los trabajadores organizados en cooperativas de las localidades de Abangares, Golfito y Osa, en donde la subsistencia de las familias depende exclusivamente de la extracción de oro.

Monge agregó que se trata de un gran logro, que será ejemplo mundial. Según el legislador, el 90 por ciento de los costarricenses está en contra de ese tipo de minería.

Cianuro y mercurio

La modificación de esa ley considera peligrosa la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio, y el uso inadecuado de sustancias nocivas, según la calificación de la Organización Mundial de la Salud, como factores que deterioran el ambiente.

Una vez que esa reforma sea firmada por la presidenta Laura Chinchilla se dará un plazo de 10 años a las cooperativas para que eliminen el uso del cianuro y mercurio, y pasen a prácticas amigables con el entorno.

También se da un plazo de tres años al Estado para que promueva alternativas sustentables que ayuden a aprovechar mejor el metal extraído y se abra la posibilidad de acceder a créditos de manera prioritaria.

Sin embargo, la ley aprobada no es retroactiva y puede ser aplicada solo a proyectos futuros, explicó Monge. Por tanto, la normativa no afectará las actividades de la compañía canadiense Infinito Gold Ltd. en los yacimientos de oro Las Crucitas, donde tiene permisos para operar a pesar del rechazo de grupos ambientalistas.

No obstante, la reforma deja claro que el llamado caso de Las Crucitas tiene un plazo fijo —10 años—, que una vez terminado obliga al cierre de sus operaciones.

La actividad en Las Crucitas mantiene una gran polémica nacional. Un amplio sector de la población exige que el contrato se rompa y se dé marcha atrás en un decreto que lo declara de conveniencia nacional, firmado por el ex presidente Óscar Arias en los últimos días de su gestión.