La reforma, aprobada la semana pasada en el Senado, había sido enviada por Fernández el mes pasado al Congreso -controlado por el oficialismo- tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza.

El punto que generó más controversias en el debate establece que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, estará a cargo de la Procuración General de la Nación, hoy bajo responsabilidad de Alejandra Gils Carbó, a la que la oposición acusa de responder al Gobierno.

Sobre este tema, la diputada oficialista Diana Conti dijo que con esta ley las escuchas telefónicas quedarán subordinadas “totalmente al poder político y al poder judicial“, retirándole a la antigua secretaría “la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial deje de existir“, indicó.

El diputado Jorge Rivas, un socialista aliado del oficialismo, quien se comunica por computadora desde que quedó sin habla y cuadripléjico tras un asalto violento, consideró que esta reforma era “una asignatura pendiente de estos 30 años de democracia“.

– Cortina de humo –

Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la presidenta cuando le restan 10 meses de mandato, fue rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.

“Nos llama la atención que después de 10 años de gobierno se desayunen con que (los servicios de inteligencia) desarrollan actividades ilegítimas e influencias en la Justicia. Esto es una cortina de humo que no va a resolver nada“, advirtió el diputado Manuel Garrido, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical  (UCR).

Federico Pinedo, del bloque Unión PRO  (derecha) advirtió que “la ley contiene cláusulas alarmantes pues permite destruir archivos“.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño advirtió que la ley “deja en pie el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia y crea la AFI sobre la base de la casi totalidad del siniestro personal de la exSIDE (secretaría de Inteligencia del Estado)“.

La nueva central de espías estará bajo la órbita del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la presidenta, que tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar  (1976-1983).

– Cambios aprobados –

Durante el tratamiento, fueron introducidos algunos cambios al texto original, a instancias de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) y expertos en seguridad, para establecer límites más claros a las tareas de espionaje.

Según el CELS, el proyecto representa “una mejora significativa”  en pos de “desarmar la autonomía de los servicios (de inteligencia) y sus relaciones con el poder judicial y político“.

La reforma establece además en 15 años el plazo máximo para la desclasificación de archivos.

La sesión empezó el miércoles con un minuto de silencio por Nisman a pedido de la oposición, y luego aplausos impulsados por el oficialismo por el natalicio del expresidente Néstor Kirchner  (2003-2007), el líder fallecido en 2010 a los 60 años.

La muerte del fiscal se produjo cuatro días después de haber acusado a la presidenta y a otros funcionarios de encubrir a exgobernantes iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos y que lleva más de 20 años en la impunidad.

El gobierno puso la lupa en el poderoso exagente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, estrecho colaborador de Nisman e ingresado al servicio de inteligencia argentino en 1972.

Stiuso había sido destituido en diciembre pasado junto a la cúpula de inteligencia.