El alto índice de desaparición de personas en México “es algo que no teníamos, se está presentando como fenómeno” nuevo y es necesario que los ministerios públicos y peritos locales estén preparados para generar hipótesis adecuadas sobre el motivo de las desapariciones, explicó.
El protocolo, que ha sido presentado y aceptado en 30 de los 32 Estados, incluye técnicas de recolección y cruce de la información proporcionada por familiares y la recogida en redes sociales, instituciones bancarias, empresas telefónicas, entre otras fuentes, que permita generar hipótesis, líneas de investigación y esquemas expeditos de búsqueda.
Los agentes del ministerio público tienen que determinar “si el caso es privación ilegal de a libertad por secuestro, para trata o con fines de establecer un cierto estatus de terror” , como sucede en algunas regiones de México, donde los grupos del crimen organizado secuestran y hacen desaparecer indiscriminadamente personas para mandar un mensaje de terror y controlar las zonas, añadió Bugarín.
La lucha militarizada que inició el gobierno de México en el periodo pasado (2006-2012) contra los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales disparó la violencia en el país con un saldo de 70 mil muertos, según cifras oficiales, y más de 20 mil 800 desaparecidos, según la prensa y la organización no gubernamental Propuesta Cívica.
La lentitud con la que han reaccionado las autoridades y la falta de capacitación entre agentes y peritos del ministerio público han llevado a muchas desesperadas familias a realizar sus propias investigaciones sobre el destino de sus seres queridos, sin localizarlos en la mayoría de los casos.