Prensa Libre

Centroamérica enfrenta una crisis por delincuencia e inseguridad que le cuesta un promedio de US$1 mil 300 millones anuales, advirtió recientemente el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que citó un informe del Banco Mundial.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció que en Centroamérica existen 23 modalidades de crimen organizado que operan con un impacto bajo, medio y alto.

Con un gasto conjunto superior a los US$6 mil 500 millones al año para combatir la violencia, la inseguridad prevalece con una tasa regional de más de 33 homicidios por cada cien mil habitantes. Si se excluye a las regiones en guerra, Centroamérica es la más violenta del mundo, según el PNUD.

El coctel centroamericano es explosivo, ya que a la crisis de inseguridad se añade una situación de miseria y exclusión social que azota a más de la mitad de los 40 millones de habitantes del área, con un creciente deterioro ambiental y, con la excepción de Costa Rica, un historial de instituciones frágiles, impunidad y corrupción política.

Un estudio del PNUD identificó un primer listado de nueve mafias de ámbito local y nacional. En ese grupo están las organizaciones de robo de cables telefónicos, tapas de alcantarilla, cables eléctricos, energía eléctrica, agua potable, teléfonos celulares, accesorios de vehículos y robo de ganado.

En un segundo rango hay seis mafias nacionales y transnacionales y de complejidad y gravedad medias. Son las bandas dedicadas a la piratería, contrabando, robo, exportación y comercialización ilegal de bienes culturales, tráfico de animales protegidos, comercialización ilícita de maderas preciosas y fraudes con tarjetas de crédito.

En el tercer escalafón hay ocho mafias de entorno nacional y transnacional y de complejidad y gravedad altas. Estas se dedican al robo de vehículos, tráfico de armas de fuego, inmigrantes, trata de personas, órganos, drogas, lavado de dinero, entre otros delitos.

Frente a la arremetida intensa del crimen organizado, la respuesta en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua ha sido militarizar la seguridad y sacar a los soldados a las calles para cumplir labores policiales, mientras que Costa Rica y Panamá—ambos sin Ejército— han fortalecido sus cuerpos policiales con ayuda de Estados Unidos, España y otros países europeos.

Sin embargo, la población regional no mira avance en la lucha contra la delincuencia.