Prensa Libre

EFE Washington

Acribillado a preguntas por los legisladores republicanos del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, en su sexta comparecencia ante el Legislativo para determinar quién autorizó o sabía de la operación clandestina y cuándo, Holder declaró: “no hay un esfuerzo de ningún tipo de encubrimiento... responderemos a solicitudes”  de documentos.

Algunas preguntas se refirieron al hecho de que hasta el momento no se haya sometido a juicio o despedido a nadie por el caso.

“Estamos muy cerca de hacer algún anuncio y de exigir cuentas... exigiremos cuentas de las personas involucradas en esta fallida investigación”, prometió Holder durante la audiencia, de casi cinco horas.

Según el secretario, las autoridades policiales deben mantener la capacidad de desarrollar operaciones encubiertas para rastrear, por ejemplo, el contrabando de drogas, pero permitir el paso ilegal de armas es algo “inaceptable”.

Tal como lo ha hecho en otras audiencias, Holder insistió nuevamente en que se enteró en febrero de 2011 de la operación “Rápido y Furioso”  a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego  (ATF, en inglés) y de inmediato ordenó suspenderla.

Los investigadores del Congreso han solicitado documentación al Gobierno estadounidense sobre el caso. Holder explicó que el Departamento de Justicia entregará solamente aquellos documentos que no violen el llamado “privilegio ejecutivo” , que permite a las agencias federales realizar deliberaciones internas.

El presidente del Comité, el republicano Darrell Issa, reiteró que acusará de “desacato”  a Holder si éste no entrega los documentos solicitados y lo presionó para que demuestre que operaciones como “Rápido y Furioso”, que debe su nombre a una popular película de acción, no volverán a ocurrir jamás.

Al preguntarle por qué hasta ahora nadie ha sido despedido o enjuiciado, Holder dijo que esperará al informe del inspector general del Departamento de Justicia sobre “Rápido y Furioso”  para determinar las consecuencias y tomará medidas “probablemente en los próximos seis meses”.

Holder argumentó que “toma tiempo construir un caso”  sólido y presentarlo ante un tribunal para lograr una condena.

La técnica usada en “Rápido y Furioso”, que permitió la compra de armas de asalto por parte de intermediarios con la intención de rastrearlas y que condujeran a los cabecillas del narcotráfico en México, fue aprobada por la fiscalía en Phoenix  (Arizona).

Según el secretario, “todavía estamos en el proceso de averiguar”  quien la aprobó específicamente, precisó.

La audiencia se caracterizó, sobre todo, por una andanada de ataques republicanos sobre el liderazgo de Holder y la sugerencia de que el secretario oculta algo.

La minoría demócrata, por su parte, salió a defender a Holder de apelativos como “incompetente”  y “desentendido”, y se hizo eco de la solicitud del Departamento de Justicia de aprobar una ley federal que sancione el tráfico de armas.

Frente a esos ataques, Holder exigió “respeto”  y acusó a otro republicano, Raúl Labrador, de ser “fundamentalmente injusto”  al repetir varias de sus declaraciones sobre “Rápido y Furioso”  fuera de contexto.

En general, los republicanos se quejaron de la “absurda”  lentitud en la investigación interna de “Rápido y Furioso”  porque trece meses después de que estallara el escándalo, aún no se ha aclarado quién autorizó la operación.

Las autoridades de ATF perdieron el rastro a unas dos mil armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.

Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.

“Les puedo asegurar que, a menos que surja alguna circunstancia convincente, las personas (implicadas) serán despedidas... estamos investigando ese asesinato y los responsables rendirán cuentas. Espero que ustedes escucharán algo sobre eso relativamente pronto”, aseguró Holder.