Según versiones de prensa, la decisión de reforzar con militares la seguridad de las selecciones, que inicialmente era una atribución de la Policía, fue de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras el incidente del lunes con la selección brasileña.

El equipo de Luiz Felipe Scolari se atrasó casi dos horas en llegar a la Granja Comary, su campo de entrenamiento en la ciudad serrana de Teresópolis, debido a que un grupo de profesores en huelga bloqueó el paso del autobús que recogió a los jugadores en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro.

Los ministerios de Defensa y de Justicia aclararon en un comunicado que el refuerzo militar dependerá de que sea aceptado por las autoridades regionales de seguridad en cada una de las sedes.

“En consonancia con el plan de seguridad para el Mundial, el Gobierno federal puso a disposición de las autoridades en las diferentes sedes efectivos complementarios de las Fuerzas Armadas para reforzar áreas de interés operacional, desde que los gobiernos regionales estén de acuerdo“, asegura la nota.

El refuerzo fue ofrecido a los gobiernos regionales luego de una reunión el martes en la que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, discutió el incidente de la selección brasileña con el coordinador de las operaciones de defensa del Mundial, el general José Carlos De Nari.

Cardozo calificó el incidente como “puntual”  pero aclaró que el Gobierno efectuaría  algunos ajustes en el plan de seguridad para mejorar la protección de las selecciones.

Un día después, cerca de 30 soldados tomaron posiciones en los alrededores de la Granja Comary, en la que la selección brasileña se concentrará durante toda la competición.

El plan de seguridad prevé la movilización de cien mil efectivos de la policía y 57 mil soldados de las tres Fuerzas Armadas, que serán coordinados por los ministerios de Justicia y Defensa.

El plan ya tiene previsto el control de posibles manifestaciones, que serán permitidas desde que sean pacíficas, pese a que el Gobierno espera que las protestas no sean tan multitudinarias como las del año pasado.

Cardoso admitió que, en junio del año pasado, cuando millones de brasileños salieron a las calles para protestar por mejores servicios públicos durante la Copa Confederaciones, la posibilidad de manifestaciones “no estaba en las previsiones”  del Gobierno.