“Y en el Pacífico, Nicaragua se podría beneficiar con las decisiones equitativas de la Corte, a pesar de que Costa Rica tiene accidentes geográficos que le pueden beneficiar”, valoró el también exagente nicaragüense en la CIJ en el caso con San José, en declaraciones a periodistas.

Según el experto en derecho internacional y rector de la privada universidad American College, de Managua, el tratado Facio-Fernández de 1977 entre Costa Rica y Colombia fijaba como frontera en el Caribe el meridiano 82 y la CIJ determinó que no lo era en un fallo en un caso entre Bogotá y Managua.

En febrero del 2010, Costa Rica solicitó a la CIJ que se le permitiera intervenir en el litigio entre Colombia y Nicaragua en calidad de Estado no-parte, con el fin de poder informar sobre la naturaleza y extensión de los intereses costarricenses en el mar Caribe para que no se vean afectados ante el eventual resultado de ese caso.

En mayo de 2011, la CIJ rechazó esas intenciones de Costa Rica, igual que con otra de Honduras, para intervenir en el contencioso fronterizo que Managua mantenía con Bogotá.

El 19 de noviembre del 2012, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Bogotá y Managua y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en el 2007.

También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70 mil kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90 mil kilómetros cuadrados.

“A Nicaragua le conviene que se delimiten las fronteras (con Costa Rica), ya hemos esperado mucho tiempo”, señaló, por su lado, el diputado opositor Eliseo Núñez.