Registrarse ¿Por qué registrarse?

Con tu usuario podrás:


- Ingresar al visor de la edición impresa
   de Prensa Libre

- Comentar cada nota publicada
   *ver términos y condiciones de uso
   del portal

- Obtener beneficios y promociones
   para usuarios registrados de
   Prensalibre.com


Olvidó su contraseña?

25/02/13 - 19:00 Internacionales

Oficialismo y Corte uruguaya escenifican la crónica de una disputa anunciada

El choque entre el oficialismo y la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, escenificado este lunes con una marcha contra un fallo judicial sobre la dictadura  (1973-1985), era “previsible”  a tenor de la inconsistencia de las últimas leyes impulsadas por el partido gubernamental, coinciden los analistas.

MONTEVIDEO.- “El Poder Legislativo aprobó dos leyes que sabía que era altamente posible que fueran declaradas inconstitucionales”  por la Suprema Corte de Justicia  (SCJ), afirmó este lunes el jurista Martín Risso.

El abogado se refirió así a una norma interpretativa de la Ley de Caducidad o de amnistía aprobada en 2011 para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura, y a una ley que ese mismo año creó un polémico impuesto para e vitar la concentración de la tierra en el país.

La primera fue declarada inconstitucional el viernes pasado y provocó la ira del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio  (FA), promotor de una manifestación de repudio que este lunes convocó a varios miles de personas frente a la SCJ.

La segunda corrió la misma suerte hace exactamente una semana y generó una fuerte confrontación interna en el Gobierno entre el sector del vicepresidente Danilo Astori, rector de la política económica nacional, y grupos afines al presidente José Mujica.

Para el profesor universitario Daniel Chasquetti, “la probabilidad de que las dos leyes fallaran de ese modo era bastante alta, pues en el trámite en el Parlamento muchos expertos y juristas alertaron a los legisladores que tenían dudosa constitucionalidad”.

De hecho el FA intentó en varias ocasiones en los últimos tres años anular en el Legislativo la Ley de Caducidad, promulgada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

Esta ley es considerada un obstáculo para investigar causas de la dictadura por las organizaciones civiles y hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 exigió al Estado uruguayo cambiar esa situación.

POR AGENCIA EFE / URUGUAY

Herramientas

Tags

Multimedia

multimedia

© Copyright 2012 Prensa Libre. Derechos Reservados.

Se prohibe la reproducción total o parcial de este sitio web sin autorización de Prensa Libre.