“Con la actual regulación se instruye lo que no se puede juzgar, ahora se instruirá todo lo que se pueda juzgar” , afirmó el portavoz de justicia del PP, José Miguel Castillo.

La proposición de ley aprobada restringe las personas habilitadas para presentar querellas, al tiempo que pone más limitaciones para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en casos de genocidio o delitos de lesa humanidad.

“No se puede seguir creando falsas expectativas”, insistió Castillo, recordando la investigación por los crímenes de la dictadura argentina  (1976-1983) que llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón y por los que sólo se pudo “condenar a un criminal que se presentó voluntariamente para ser procesado”.

Castillo se refería de esta manera al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado por su participación en los denominados vuelos de la muerte tras presentarse voluntariamente ante el juez para declarar en ese sumario.

A la apertura del sumario argentino en 1996, siguió otro por los crímenes de la dictadura chilena  (1973-1991) que llevaría a la detención de Augusto Pinochet en Londres, abriendo la puerta desde entonces a otros casos, incluido una instrucción contra varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet.

Una investigación muy criticada por Pekín después que el pasado 10 de febrero un juez español emitiera una orden de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en el marco de esta investigación.

En el 2009, un roce diplomático con Israel por la investigación de los bombardeos israelíes sobre Gaza en el 2002 llevó ya a una primera limitación de la jurisdicción universal a casos en que existan víctimas españolas o los responsables sospechosos se encontraran en España.

También se permitía la investigación en caso de que se constatara “algún vínculo de conexión relevante con España”, un supuesto que desaparece en la proposición aprobada este jueves por un procedimiento de urgencia, que la oposición achaca a las protestas chinas.

“El papel del gobierno no puede ser más humillante: un gobierno que se pliega a las presiones internacionales, que paga con esta ley la foto con el señor Obama, que paga con esta ley la presión de los empresarios chinos”, aseguró el diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares.

“La agenda económica prevalece sobre los derechos humanos, que sólo son vistos por el gobierno como fuente innecesaria de problemas”, afirmó el diputado socialista Julio Villarrubia.

El nuevo texto estipula que en el caso de delitos de “genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, los tribunales españoles podrán actuar siempre que el procedimiento se dirija “contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España”.

El texto legislativo precisa aún más en el caso de “torturas” , puesto que condiciona la acción de la justicia a que “el procedimiento se dirija contra un español”  o “la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”.

Según la prensa española, esta disposición parece apuntar claramente a la investigación sobre el Tíbet, ya que uno de los querellantes es el tibetano nacionalizado español Thubten Wangehen, que no era español en el momento de los hechos.

La proposición incluye también una disposición transitoria que determina el sobreseimiento de las causas en tramitación en los tribunales españoles por los casos previstos en la ley hasta que “no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”, lo que supondría la paralización de los 12 casos en curso actualmente.