Prensa Libre

AFP GRAN BRETAÑA

LONDRES.- El príncipe Carlos expresó esta semana sus inquietudes, compartidas por la jerarquía eclesiástica y miembros de la Cámara de los Lores, sobre las consecuencias de la nueva legislación para la monarquía y la Iglesia de Inglaterra.

Según la reforma que el Parlamento debería avalar el próximo 22 de enero, el primogénito de los duques de Cambridge, independientemente de su sexo, será el heredero directo de su padre. Hasta ahora, una niña debía ceder su puesto a sus hermanos varones y solo podía reinar si nos los tenía, como Isabel II.

Con esta misma voluntad de igualdad, la reina anunció recientemente que todos los hijos de la pareja llevarían el título de príncipe o princesa, no sólo el primogénito varón.

El cambio de estas reglas seculares sobre la sucesión fue adoptado por los dirigentes de la Mancomunidad Británica de Naciones en octubre de 2011, es decir, mucho antes del anuncio del embarazo de Catalina en diciembre pasado.

Pero al acercarse la votación parlamentaria sobre esta reforma, que cuenta con un fuerte respaldo popular y el apoyo de los principales partidos, se escuchan algunas reticencias.

La principal preocupación gira en torno a la posibilidad que ofrece la reforma de que un heredero de la corona se case con un católico. Hasta ahora, los sucesores que se casaban con católicos, salvo si estos se convertían, tenían que renunciar a sus derechos al trono. La prohibición se remontaba a 1701 y no había ninguna regla prevista para las otras religiones, como el judaísmo o el islam.

El problema reside en que el cambio legislativo allana el camino para que un niño criado en la religión católica acceda al trono. Lo cual sigue estando prohibido, porque el monarca es todavía el "gobernador supremo" de la Iglesia de Inglaterra y "defensor de la fe".

Unos amigos del príncipe Carlos, indicaron al Daily Mail esta semana que el heredero del trono y padre de Guillermo temía que el gobierno no hubiera considerado todas las implicaciones de esta nueva legislación y sus efectos sobre las relaciones entre el Estado y la iglesia oficial.

El primer ministro David Cameron negó, sin embargo, que hubiera un problema, asegurando el miércoles a los diputados que el cambio había sido "reglamentado y avalado" en "estrecha relación" con el Palacio de Buckingham.

Pero el príncipe Carlos no es el único preocupado. Un antiguo arzobispo de Canterbury, Lord George Carey, también advirtió acerca de "las propuestas desconsideradas que pueden alterar el delicado equilibrio constitucional".

Y los miembros de la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento, interrogaron al viceprimer ministro, Nick Clegg, esta semana sobre las prisas del gobierno por adoptar esta reforma con sólo un día de debate sobre el tema. Lord Peter Goldsmith, exasesor legal del gobierno laborista de Tony Blair, subrayó que cambiar leyes que datan de hace siglos es una "decisión trascendental" y consideró "preocupante" querer apresurarla.

"Si el tema del (papel del monarca como) defensor de la fe es cuestionado, esto lleva a preguntarse si la Iglesia de Inglaterra debe ser privada de su estatuto oficial", se alarmó uno de sus colegas conservadores, Lord Ian Lang.