Según la Organización Internacional de Aviación Civil, los aviones deben llevar una reserva de combustible obligatoria.
La empresa puso en alto riesgo a los ocupantes al cubrir rutas enteras sin suficiente combustible para sortear eventuales sobrevuelos por tráfico aéreo en el lugar de destino o desvíos por mal tiempo, explicaron los analistas.

“Lo que esa tabla refleja es que hay violaciones sistemáticas en casi todos los vuelos’’, comentó Esteban Saltos, piloto, experto en seguridad aérea.

“Por lo que veo, la compañía estaba acostumbrada a llevar el avión hasta el límite de combustible’’.

Del análisis de la tabla se concluye que para cumplir los recorridos sin escalas de reabastecimiento, la aerolínea debió llenar los aviones al tope de su capacidad de combustible, desestimando el peso de los pasajeros y el equipaje.

A causa de esas limitaciones, los pilotos no habrían podido maniobrar de emergencia en caso de que uno de los motores del avión hubiera fallado en el despegue, explicó el piloto

“No tengo dudas de que los vuelos que aparecen con máxima autonomía de vuelo salieron con sobrepeso de la capacidad establecida por el fabricante del avión”, agregó Saltos.

Piloto del vuelo LaMia cometió un “asesinato”

El ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, acusó este viernes de “asesinato”  al piloto del avión de LaMia, que se estrelló en Medellín con 77 personas a bordo, por haber volado su nave con escaso combustible, en un caso que comenzó a tomar dimensiones políticas.

“En definitiva, no ha habido un accidente, ha habido un homicidio, lo que ha ocurrido en Medellín es un asesinato” , dijo Ferreira a periodistas en Cochabamba, centro del país.

Ante la consulta de que si el piloto  (Miguel Quiroga) era el responsable, Ferreira respondió: “obviamente, si el piloto sólo hubiera cumplido lo que dice la norma, que es aterrizar en Cobija o en Bogotá, o por lo menos antes de accidentarse haya anunciado emergencia desde el comienzo, es posible que no hubiera habido esta tragedia” .

Según un informe oficial de una funcionaria aeroportuaria boliviana, Quiroga habría decidido obviar las paradas en puntos de reabastecimiento de combustible. Un técnico que sobrevivió a la tragedia testimonió también que el piloto no reportó una emergencia en el vuelo.

Que alguien se atreve a llevar pasajeros (..) con la gasolina exacta, viola un protocolo fundamental, básico de la aeronavegación civil, que debe tener al menos una hora y media de autonomía de vuelo desde donde parte hasta donde va a llegar” , señaló Ferreira.

Ante este tipo de críticas, la viuda de Quiroga, Daniela Pinto, pidió públicamente el miércoles “que la gente entienda que mi marido no es ningún monstruo” .

Un asunto político

Luego del accidente algunos sectores de oposición acusaron de negligencia al presidente Evo Morales por supuestamente haber avalado el funcionamiento irregular de la firma. “Pretender politizar este asunto, tratar de inculpar al presidente es un despropósito gigante” , reaccionó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Sin embargo, el vicepresidente lvaro García dijo a la televisión este viernes que es “muy importante tomar en cuenta”  que el piloto Quiroga es yerno del exsenador Roger Pinto, enconado opositor de Morales, y que está refugiado en Brasil desde agosto de 2013.

    Según reportes oficiales, Quiroga es socio de la compañía LaMia. “Por declaraciones de familiares, el que ha puesto el dinero es el senador Roger Pinto y el yerno (Miguel Quiroga, piloto que falleció en el accidente) era representante y también piloto” , declaró García a la televisión.

Según García, Pinto “será parte de la investigación” .

Fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia, coordinan las investigaciones de las causas del accidente y, por el momento están con detención preventiva el gerente de la compañía Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y su hijo Gustavo Vargas Villegas, quien además fue jefe de registros de licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil  (DGAC) .

Además, la Policía emitió una orden de captura internacional contra Celia Castedo, funcionaria aeroportuaria y primera enjuiciada por el caso, que buscó refugio en Brasil. Otro socio de la compañía, Marco Antonio Rocha, permanece en Asunción, Paraguay, desde una semana antes del accidente.

En el siniestro murieron 71 de las 77 personas que iban a bordo, entre ellas jugadores y directivos del club Chapecoense de Brasil, así como periodistas. Hubo además seis sobrevivientes.

Vargas admitió hace algunos días que la nave, un BA-146 modelo RJ85 que despegó de Santa Cruz, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia la ciudad colombiana de Medellín. La nave siguió de largo y tampoco fue reabastecida en Bogotá, según reportes preliminares.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible poco antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín  (noroeste) .

Técnica aeronáutica rompe silencio

La técnica aeronáutica boliviana que asegura haber observado el plan de vuelo antes de la caída del avión donde viajaba el equipo brasileño Chapecoense dice que fue presionada por sus jefes para cambiar su informe después del siniestro.       

En una carta dirigida al diario El Deber desde Brasil, donde ha solicitado refugio, Celia Castedo expresó que no tenía “capacidad de detener” la salida de la aeronave a pesar de haber observado que la cantidad de combustible era insuficiente.     
Las autoridades han dicho que es probable que la causa del siniestro que el 28 de noviembre dejó 71 muertos en Medellín haya sido que el avión agotó su combustible antes de aterrizar.      

Tras el accidente “fui sometida a hostigamiento y presiones de mis superiores, ordenándome modificar el informe que horas antes había presentado por vía interna” , situación que la obligó a buscar refugio en Brasil, dice Castedo, una inspectora con 30 años de experiencia.       

Horas antes, el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que Castedo tenía la atribución de detener el avión y que sus observaciones fueron posteriores al accidente. “En el plan de vuelo no hay ninguna observación” , aseveró Claros.      

La mujer enfrenta un proceso penal en Bolivia junto a otras cinco personas, entre ellas, Gustavo Vargas, un piloto militar jubilado que trabajaba como gerente de LaMia, línea área que operaba vuelos chárter económicos y cuyos clientes eran principalmente clubes de futbol.

Un juez de medidas cautelares envió a Vargas al penal de manera preventiva mientras es investigado por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y homicidio culposo.       

“No me pueden echar la culpa a mí, los fiscales saben que hay dos dueños” , dijo Vargas durante su audiencia.       

Su hijo, Gustavo Vargas Villegas, era hasta el jueves Director del Registro Aeronáutico y aprobó la matrícula de la aeronave siniestrada. Fue detenido por presunto tráfico de influencias.       

La Fiscalía informó que busca al otro socio de la aerolínea. “El señor Marco Antonio Rocha Venegas posiblemente se encuentre en Colombia. Estamos verificando con el registro migratorio” , dijo el fiscal general Ramiro Guerrero.       

Rocha aparece como socio de LaMia junto a Miguel Quiroga, piloto que murió en el accidente. Ambos fueron miembros de la Fuerza Aárea antes de crear su empresa en el 2015.       

El siniestro ha provocado otros efectos en Bolivia. El jueves, el gobierno suspendió los vuelos comerciales de Transporte Aéreo Militar  (TAM) “por no cumplir los procedimientos de seguridad aérea establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)” .      

Asimismo, la fiscalía embargó dos aeronaves a la empresa que no estaban en operaciones. La Fuerza Aérea dijo que LaMia no pagó una deuda por un equivalente a 71 mil dólares por mantenimiento del avión siniestrado.

Negociado funcionarios intermedios  permitió operaciones de Lamia

El vicepresidente de Bolivia, lvaro García Linera, afirmó que un “negociado de funcionarios intermedios”  permitió las operaciones de la aerolínea boliviana Lamia, cuyo avión se estrelló la semana pasada en Colombia causando la muerte de 71 personas, según una entrevista publicada hoy por el diario La Razón.

El vicepresidente agregó que esos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil  (DGAC) jamás comunicaron al Gobierno sobre la decisión de dar autorizaciones a esa aerolínea porque sabían que se rechazaría la autorización.

Apuntó que la decisión de otorgar los permisos a la empresa fue un “acto de negligencia, de desconocimiento de las normas y de un manejo arbitrario de la capacidad decisional del Estado”  y que “debe ser castigado con la cárcel, sin proteger ni perdonar a nadie” .

Los funcionarios de la DGAC usaron sus cargos para “negocios personales”  y es un delito que “ha dado lugar a un crimen” , dijo.

Si hay funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea  (AASANA) o de la DGAC que son responsables de registrar mal los papeles o no fueron precisos en sus autorizaciones “a toditos hay que cargarlos” , agregó.

García Linera también dijo al diario que ni él ni el presidente del país, Evo Morales, sabían que existía una cuarta aerolínea en el país, cuyo mercado de transporte aéreo sobre todo está dominado por la estatal BOA y atendido por otras dos empresas privadas pequeñas.

Morales y otras autoridades usaron la aeronave de Lamia el mes pasado durante un vuelo en la Amazonía, pero las autoridades señalaron que no sabían que era una aerolínea con permisos.

En Bolivia también brinda servicio de transporte de pasajeros la aerolínea militar TAM, cuyas actividades se suspenderán la próxima semana para que adecúe a los estándares y normas internacionales, según una decisión anunciada el jueves por las autoridades.

Lamia, que tuvo origen venezolano, pero luego se constituyó en una empresa boliviana, según sus ejecutivos, obtuvo el 21 de julio del 2015 un “Certificado de Explotador de Servicios Aéreos”  para realizar vuelos chárter nacionales e internacionales, con la firma de un jefe interino de esa institución, el general Edgar Pereyra.

Además, la Fiscalía General de Bolivia informó de que el director nacional de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, solicitó en 2014 el permiso para importar el avión AVRO RJ 85  (la nave siniestrada la semana pasada) y lo obtuvo de su hijo, Gustavo Vargas Villegas, que era el Director del Registro Aeronáutico Nacional de DGAC.

Una jueza ordenó la noche de este jueves encarcelar de forma preventiva a Vargas Gamboa mientras se realiza su juicio, mientras que su hijo está detenido por instrucción de la Fiscalía a la espera de un audiencia de medidas cautelares.