Añadió que Urquía, de 49 años, fue secuestrada el martes anterior y luego asesinada “de un machetazo en el cráneo”.
El Comité indicó que la dirigente del Copinh formaba parte de un grupo opuesto a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras. Además responsabilizó al gobierno por la muerte de la activista.
“Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”, se lee en el comunicado publicado en su sitio web.
Su muerte ocurre cuatro meses después del asesinato a tiros de la ambientalista Berta Cáceres, coordinadora de Copinh, reconocida por su lucha contra un proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, también en territorio Lenca.
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Cinco sospechosos están detenidos por la muerte de Cáceres, en cuenta un empleado de Desarrollos Eléctricos S.A (DESA), empresa que había sido denunciada por Cáceres de amenazarla de muerte.
Otro dirigente del Copinh, Tomás García, fue asesinado días después del asesinato de Cáceres, por causas y autores aun desconocidos.
