Martelli es investigado por eventuales delitos tributarios asociados a su empresa Asesorías y Negocios (AyN), que la justicia cree fue usada como pantalla para la recolección y distribución de fondos a una veintena de asesores cercanos a Bachelet, entre ellos su exministro del Interior y hombre de confianza, Rodrigo Peñailillo.

Los pagos, de unos 220 millones de pesos (360 mil dólares), se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile, en marzo del 2013.

Las fechas son relevantes porque la legislación chilena permite el aporte de empresas a las campañas políticas solo 90 días antes de las elecciones. En este caso, a partir de agosto del 2013.

“La presidenta Bachelet no hizo ningún tipo de pre campaña electoral”, afirmó este miércoles el portavoz oficial del Gobierno, Marcelo Díaz, quien reconoció, no obstante, que “muchos actores políticos y sociales jugaron roles de articulación” de su posterior campaña electoral.

– Cuestionamientos en el plano ético –

Aunque los eventuales ilícitos no alcanzarían directamente a Bachelet, el caso ahonda la crisis de desconfianza que azota a la mandataria, cuya popularidad se ubica en un mínimo histórico del 29%, tras el escándalo que involucra a su hijo mayor, investigado por la justicia luego de concretar junto a su esposa un millonario negocio de especulación inmobiliaria.

El hecho, además, de que gran parte del dinero provenga de una filial de SQM controlada hasta ese entonces por un exyerno del dictador Augusto Pinochet, a quien la actual coalición oficialista combatió, le agrega un cuestionamiento ético.

“Pareciera confirmarse que la política y el poder no tienen moral”, afirmó el politólogo de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann.

“El escenario es complejo para ella, porque el cuestionamiento está en el plano ético”, agregó el analista.

Después de dejar en el 2010 su primer gobierno con altísimos niveles de popularidad, Bachelet se radicó en Nueva York a cargo de la recién creada oficina ONU-Mujeres, manteniendo un estricto silencio acerca de la política chilena.

Impedida por ley para acceder a la reelección inmediata, Bachelet se posicionó de inmediato como la más probable candidata de la coalición de centro-izquierda para las elecciones de noviembre de 2014.

Pero no fue hasta marzo de ese año que Bachelet anunció su intención de volver a postular a la Presidencia, rompiendo un silencio que mantenía en vilo a la política chilena.

– Efecto en cadena –

El caso de eventual financiamiento irregular de la precampaña electoral de Bachelet se enmarca dentro del destape en los últimos meses de un extendido mecanismo de recaudación de fondos para políticos por parte de empresas privadas, a través de la entrega de boletas de honorarios por servicios no prestados.

El grupo Penta, uno de los más importantes de Chile, usó por años este mecanismo para financiar las campañas y el funcionamiento del ultra conservador partido Unión Demócrata Independiente, el más importante partido de oposición.

SQM, en tanto, considerada la mayor minera no metálica del planeta, financió también por años a políticos tanto de izquierda como de derecha a través de un mecanismo que les permitía a las empresas entregar recursos y descontar impuestos de sus contabilidades, por medio de las boletas de honorarios.

La justicia hasta ahora ha formalizado cargos a cinco políticos opositores, pero se espera pronto un nuevo desfile de políticos en tribunales.