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“Los Cachiros”, los narcotraficantes que hacen temblar a los políticos de Honduras desde una cárcel en Estados Unidos

En libertad, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga hacían temblar sobre todo a sus rivales en el lucrativo negocio del transporte de droga por uno de los países más peligrosos del planeta.

Pero ahora quienes tiemblan son los políticos y funcionarios públicos con los que “Los Cachiros” cultivaron vínculos durante el que ha sido descrito como el más prolongado reinado criminal de la historia de Honduras.

Los hermanos se entregaron a la justicia estadounidense en enero de 2015 y todo indica que sus delaciones están detrás de la estrepitosa caída de los Rosenthal -una de las más poderosas e influyentes familias del país- por vínculos con el narcotráfico.

Pero además, fue Devis Leonel -quien admitió ante la justicia estadounidense haber participado en al menos 78 asesinatos- quien ayudó a tender la trampa que condujo al arresto del hijo del expresidente hondureño José Porfirio “Pepe” Lobo por tráfico de cocaína.


Y en el marco del juicio en contra de Fabio Lobo, que se celebra en Estados Unidos, el menor de los Cachiros también ha implicado en sus negocios a numerosos políticos hondureños, empezando por el mismísimo exmandatario. 

Penetración narco

“Pepe” Lobo, quien se desempeñó como presidente de Honduras desde enero de 2010 a enero de 2014, niega cualquier relación con los narcotraficantes, quienes se iniciaron en el mundo criminal como simples traficantes de ganado.

Y buena parte de la defensa de su hijo -que se declaró culpable de conspirar para importar cocaína, pero niega haber servido de enlaces con las autoridades del país centroamericano- se ha centrado en cuestionar la credibilidad de los Rivera Maradiaga.

Sin embargo, para Ismael Moreno, director del el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) -el principal centro de pensamiento de la Compañía de Jesús en Honduras- sus delaciones no hacen sino confirmar un problema de vieja data.

“Los Cachiros son la expresión de un proceso de institucionalización del crimen organizado. Y yo pienso que van a seguir saliendo a luz los vínculos y compromisos de una inmensa cantidad de políticos, pero también de empresarios hondureños, con la narcoatividad”, le dice a BBC Mundo.

“Lo que se confirma es que en los últimos 20 años hemos ido pasando (…) a tener un Estado conducido por mafias criminales, en el que los políticos se han convertido en lavadores de los narcos”, asegura el sacerdote e investigador hondureño.

E incluso el candidato a diputado Billy Joya Améndola -delegado por el gobernante Partido Nacional para hablar del tema con BBC Mundo- reconoce que en los últimos 30 años Honduras se convirtió en “un paraíso para el crimen organizado y el narcotráfico”.

“Al abrir el tamal hoja tras hoja, nos enteramos que a lo largo de estas tres décadas el crimen organizado y el narcotráfico había penetrado todos los estamentos de nuestras estructuras sociales”, dice de la Honduras retratada en el testimonio de los Cachiros el consultor en seguridad, quien también es uno de los personajes más controversiales del país centroamericano.

De cuatreros a narcos

Según Moreno, por Honduras pasa cocaína colombiana rumbo a EE. UU. desde la década de 1970, pero fue en los 1990 que el país se convirtió en un lugar estratégico para ese tránsito.

Y los Cachiros muy probablemente se iniciaron en ese mundo trabajando para gente vinculada a Ramón Matta Ballesteros, “el decano y más conspicuo de los jefes narco en Honduras”, capturado por la DEA en abril de 1988, acusado del asesinato del agente encubierto Kiki Camarena.

Poco a poco, su conocimiento de las mejores rutas clandestinas, adquirido gracias a años de tráfico de ganado y marihuana, los convirtieron en piezas esenciales del denominado Cartel del Atlántico, que servía de enlace a carteles colombianos y mexicanos.

Pero a inicios de siglo, los ambiciosos hermanos -que heredaron el apodo de su padre, Isidro, pues Cachiro es como se acostumbra llamar a las personas de ese nombre en su natal Olancho- ya le estaban disputando rutas, contactos y liderazgo al líder de ese cartel, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, “Coque”.

Y el 18 de marzo de 2004, después de haber sobrevivido a dos intentos de asesinato, “Coque” fue ultimado en la clínica de una cárcel de máxima seguridad, todo indica que con la complicidad de las autoridades penitenciarias.

“Desde ese día los Cachiros, con Javier Rivera Maradiaga, como líder indiscutible, se convirtieron en dueños y señores del narconegocio en Honduras“, afirma Ismael Moreno en un perfil sobre la banda publicado en la revista nicaragüense Envío en marzo de 2015.

“¿Qué hicieron los Cachiros a lo largo de su década de poder? Muchos políticos, hombres de negocios, jefes policiales y del ejército podrían responder a esta pregunta con detalle”, continúa el escrito del director de ERIC.

Y en las páginas de Envío, el periodista y sacerdote hondureño también hace un vaticinio que las transcripciones del juicio a Fabio Lobo en Nueva York parece estar confirmando.

“Varios diputados que hoy ocupan curules en el Congreso, decenas de alcaldes, fiscales, jueces, banqueros, empresarios agroindustriales, comerciantes, oficiales del ejército y de la policía y algún que otro ex-Presidente deben estar muy preocupados y tensos a la espera de lo que de ellos hayan dicho, o vayan a decir, a la DEA Javier y Leonel Rivera después de la entrega que pactaron con Estados Unidos”.

“Les pagamos”

Efectivamente, los testimonios de Delvis Leonel Rivera Maradiaga ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que fijará la fecha de sentencia de Lobo el próximo 20 de julio, leen como una especie de “quién es quién” de la política hondureña.

“¿Está familiarizado con Pepe Lobo?”, le preguntan los fiscales estadounidenses al menor de los Cachiros al inicio de una audiencia celebrada el pasado 6 de marzo.

“Sí”, responde este, convocado en calidad de testigo.

“¿Sabe si alguna vez ocupó cargos políticos en Honduras?”, continúa el interrogatorio.

“Sí”, vuelve a ser la respuesta de Rivera Maradiaga, que luego ayuda a establecer que el padre del acusado se desempeñó como presidente de Honduras “aproximadamente entre 2010 y 2013”.

¿Recibieron usted y los Cachiros la ayuda de Pepe Lobo y el acusado durante ese tiempo?“, se interesa entonces el fiscal, que vuelve a recibir una respuesta afirmativa.

“¿Qué hicieron para recibir esa ayuda?”, es la siguiente pregunta.

“Les pagamos”, es la respuesta.

En esa primera audiencia, el narcotraficante también asegura haber pagado por la colaboración del actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, los diputados Óscar y Freddy Nájera y un alcalde local, entre otros funcionarios.

Y pocos días después, en la continuación de su testimonio, también afirma haber pagado sobornos al diputado Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Todos ellos, sin embargo, aseguran que las acusaciones son falsas.

La defensa

En su defensa, el expresidente Lobo ha destacado que fue durante su administración que se modificó la constitución para permitir la extradición de narcotraficantes.

“El Sr. Lobo siente que es necesario recordarle al gobierno (de EE .UU.) que su padre no está, ni nunca ha sido, acusado criminalmente“, se lee también en el alegato final de la defensa de su hijo Fabio.

“Además, el mismo gobierno de EE.UU. felicitó al padre del Sr. Lobo por sus 'significativos' esfuerzos por reconstruir la colaboración en la lucha contra el narcotráfico con EE.UU.”, recuerda el escrito, en el que también se destaca que el propio Departamento de Estado felicitó en su momento al exmandatario por sus éxitos en la lucha contra el narcotráfico.

Y aunque Billy Joya le da al gobierno del actual presidente, Juan Orlando Hernández, el mérito de haber iniciado la batalla contra el narcotráfico, también sostiene que el trabajo preparatorio se llevó a cabo bajo el gobierno de Lobo, cuando Hernández se desempeñaba como presidente del congreso.

“Hubo voluntad política de ambos, presidente del Congreso y presidente de la República”, afirma.

“En principio, por lo que yo he leído en las mismas declaraciones, me parece que muy posiblemente el hijo del presidente Lobo se aprovechó de la influencia de su nombre para poder actuar”, aventura Joya.
“(Pero) no le puedo en ningún momento afirmar (que fue) con conocimiento del presidente Lobo. Habrá que esperar el avance de los procesos para entender el por qué (lo hizo)”, le dice a BBC Mundo.

“Proceso de depuración”

Joya es un personaje polémico por su vinculación con la contrainteligencia militar hondureña durante la década de 1980 y ha sido acusado de tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, lo que él siempre ha negado.

Y muchos lo ven como un ejemplo rampante de impunidad. Pero el mismo Joya también hace referencia a su caso para reconocer los problemas de la justicia catracha.

“Yo fui juzgado después de la década de 1980 por cinco casos, 19 delitos (…) y ya tengo 27 años de estar con libertad profesional, no he sido sentenciado inocente ni culpable en ninguno de los casos“, explica.

“Así que no solamente por opinión sino por vivencia propia yo creo que el futuro de países como el nuestro pasa por el fortalecimiento de nuestras instituciones”, dice Joya, para quien todavía queda camino por andar para que los hondureño puedan decir “que confiamos plenamente en nuestro sistema de justicia”.

Pero el candidato a diputado por el Partido Nacional cree que sí se está haciendo un progreso importante en la lucha contra el crimen organizado.

“Hoy estamos en un proceso de depuración social donde han sido incautadas instituciones financieras, bancos, en activos se han incautado más de 3.000 millones de lempiras (unos US$130 millones) a varias de estas organizaciones, hay procesados policías, militares, políticos“, afirma.

“Yo lo veo positivo, porque ningún gobierno nuestro había querido tomar el toro por los cuernos y combatir frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico. Me alegra como hondureño que esta situación se esté dando”.

Presión estadounidense

La situación, sin embargo, no deja de ser incómoda para el gobierno hondureño y el partido gobernante, al que pertenecen la mayoría de los implicados por los Rivera Maradiaga.

En sus argumentos finales, los mismos fiscales estadounidenses afirman que “grabaciones y comunicaciones electrónicas demuestran la estrecha relación y asistencia que los Cachiros obtenían por parte del acusado, políticos al más alto nivel del gobierno hondureños, oficiales del ejército y la policía”.

Y en el documento también se hace notar que la aprobación de la extradición, así como las incautaciones de drogas y bienes vinculados al narcotráfico, también podían beneficiar a los hermanos Rivera Maradiaga, si con ellas las autoridades golpeaban nada más a narcos rivales.

“Como resultado de las gestiones del acusado y del presidente Lobo Sosa, 'nadie fue extraditado durante la administración del presidente Lobo' y 'nada' que pertenecía a los Cachiros fue confiscado hasta finales de 2013, cuando se impusieron sanciones financieras contra los Cachiros en EE.UU.”, se lee, de hecho, en el documento.

Y para Ismael Moreno, la misma aprobación de la extradición fue más una consecuencia de las presiones del gobierno de EE.UU., que mérito de Lobo o Hernández.

“Esa decisión ni por asomo fue iniciativa del gobierno de Honduras o de sus autoridades”, le dice el jesuita a BBC Mundo.

Para el director de ERIC, un cálculo político de Washington también es la razón por la que las, hasta el momento, las acusaciones se han centrado en figuras del gobernante Partido Nacional, aunque en las declaraciones de Delvis Leonel Rivera también se da a entender que también hubo colaboración entre grupos de narcos y el gobierno del último presidente liberal, Manuel Zelaya.

“Todo esto se da en el marco del proceso electoral. Y para el gobierno de EE.UU. la situación es difícil, porque no tiene otro camino más que seguir con los mismos aliados de siempre, a los que les tiene desconfianza”, explica el también director de Radio Progreso.

“Y ante el peligro de que la reelección de Juan Orlando Hernández lo convierta en una especie de Daniel Ortega a la hondureña, los vínculo entre el narcotráfico y el Partido Nacional se convierten en una especie de presión para limitar las ambiciones políticas del actual gobernante hondureño”, agrega.

El futuro

Moreno, sin embargo, no duda que el futuro próximo “con las declaraciones de la otra banda, la de los Valles” también van a salir a flote nombres de dirigentes y funcionarios del Partido Liberal.

Y también está seguro que los señalamientos en contra de su partido no van a evitar la reelección de Juan Orlando Hernández.

“Para una población educada, o maleducada para la política clientelar, que un dirigente político sea corrupto o no, es secundario”, explica.

“Y, en el corto plazo, sólo factores externos, como la presencia del gobierno de EE.UU. o la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, pueden marcar la diferencia”, asegura el sacerdote.

En el largo plazo, sin embargo, Moreno deposita sus esperanzas en la nueva generación de hondureños.

Afirma que en Honduras se ha venido desarrollando cada vez más conciencia, particularmente entre sectores urbanos universitarios, de la necesidad de luchar contra la corrupción y contra la impunidad, “y por lo tanto en demanda de nuevos rostros y nuevo liderazgos políticos”.

“Pero en los próximos 4 años yo tengo la plena seguridad de que vamos a continuar con la misma conducción política de los que han llevado a que este Estado tenga unas bases de pleno compromiso con la criminalidad organizada“, es el último pronóstico del hombre que en su momento vaticinó las incómodas delaciones de los Cachiros.

 

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