Internacional

California aprueba norma que protege a inmigrantes

Las policías locales se niegan a colaborar con redadas en respuesta a las nuevas normas migratorias de Trump.

Migrantes en California se benefician de normativa. (Foto Prensa Libre: AP)

Migrantes en California se benefician de normativa. (Foto Prensa Libre: AP)

Los legisladores de California aprobaron este lunes de manera preliminar una medida que impide a la Policía cooperar con autoridades federales de inmigración, una iniciativa que, de acuerdo con quienes la propusieron, reprocha al presidente Donald Trump por sus medidas contra la inmigración ilegal.    
La medida convierte a California en un estado santuario para muchas personas que viven en el país sin autorización.    
El Senado estatal aprobó la iniciativa por 27-12 y la envió a la Asamblea, pese a los argumentos de sus detractores, quienes aseguran que es un peligro para la seguridad pública al proteger a criminales peligrosos de ser deportados.    
La propuesta, llamada SB54, avanzó una vez que el presidente interino del Senado, Kevin de Leon, demócrata de Los Ángeles, la enmendó para permitir que agencias de la ley locales y estatales notificaran a los agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas  (ICE, en inglés) antes de que se libere a prisioneros declarados culpables de delitos graves o violentos.  
De Leon también retiró de la propuesta una cláusula que habría requerido de la aprobación de dos terceras partes del Congreso. Al pasar la medida por mayoría simple, la iniciativa no entraría en vigor hasta el 1 de enero, mientras que con la versión previa se habría ejercido de inmediato.    


“Cooperaremos con nuestros amigos a nivel federal con los delincuentes de gravedad o violentos.
Pero no cooperaremos ni levantaremos un dedo o gastaremos un solo centavo cuando hablen de separar a los hijos de sus madres, y a las madres de sus hijos”, recalcó De Leon. “Eso no representa el gran estado que somos”.    
En enero último, Trump aprobó una orden en la que amenaza con retirar subvenciones federales a las jurisdicciones que prohíban a las agencias comunicarse con las autoridades federales respecto al estatus migratorio de alguna persona.    
“Al aprobar hoy esto, están pateando al presidente en la ingle, y me imagino que querrá regresar el golpe”, dijo el senador republicano Jeff Stone, de Temecula.    
Los legisladores del estado más poblado del país también abordaron otras dos iniciativas contra las políticas migratorias del presidente. Enviaron a la asamblea una propuesta, SB6, que proveería de US$12 millones para el pago de abogados que representen a inmigrantes que enfrenten deportación, y otra medida, SB31, que prohibiría a los funcionarios estatales compartir datos en caso de que el gobierno federal cree un registro de musulmanes.    
Alrededor de 2.3 millones de inmigrantes sin autorización legal residen en California. San Francisco, una de las ciudades con su propia ley santuario, demandó a Trump debido a su decreto migratorio.    
La propuesta de estado santuario, SB54, prohibiría a policías y alguaciles arrestar o detener personas por violaciones migratorias a menos que un juez emita una orden. Las recientes enmiendas por parte de De Leon también facilitan el traslado de delincuentes de las agencias locales a las autoridades migratorias federales, en caso de que hayan sido deportados previamente por un delito violento.    

No indagarán

Las agencias locales y estatales de la ley no podrían colaborar en la investigación de violaciones migratorias o indagar sobre el estatus migratorio de una persona.    
La iniciativa también busca limitar la aplicación de leyes migratorias en escuelas, tribunales y otras instalaciones públicas.   
“Si no controlamos nuestras fronteras, dejamos de ser una nación”, objetó el senador republicano Ted Gaines, de El Dorado Hills. “No podemos ser un faro para la criminalidad”.    
Enmiendas previas aclaran que las agencias locales de la ley aún pueden participar en grupos especiales con agentes migratorios federales, siempre y cuando el principal objetivo de esa fuerza especial no sea ejercer las leyes migratorias.    
Incluso algunos demócratas se mostraron preocupados de que la medida prohíba que funcionarios locales y estatales entreguen a delincuentes condenados por ciertos crímenes sexuales o violentos. Pero respaldaron la iniciativa durante el proceso.    

Unos 2.3 millones de inmigrantes sin autorización legal residen en California.


“En todo sentido, esta propuesta es sobre personas que simplemente tratan de vivir su vida. Personas que en este momento tienen miedo”, dijo el senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco.    
Los simpatizantes de la medida quieren prohibir que se delegue a policías estatales o locales la tarea de encontrar a personas que están ilegalmente en el país. Dicen que la cooperación policiaca con las autoridades migratorias puede incrementar la tasa delictiva y perjudicar a las víctimas al hacer que las víctimas o los testigos teman reportar un delito por miedo a ser deportados.    
“Este es un reconocimiento a las contribuciones culturales y económicas que los inmigrantes de todo el mundo han hecho por nuestro gran estado”, dijo De Leon tras la votación. “Y es un rechazo a la falsa y cínica representación que hace el presidente Donald Trump de que los inmigrantes indocumentados son una comunidad anárquica” .   
No hubo una respuesta de la Casa Blanca por el momento.

Arrestan a 153 inmigrantes

Agentes federales arrestaron en el sur de Texas a 153 inmigrantes con antecedentes penales o que están viviendo en Estados Unidos de manera ilegal, informaron el lunes autoridades.   
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas  (ICE, en inglés) señaló que los arrestos fueron parte de un operativo judicial de 12 días que terminó el mes pasado.    
La mayoría de las detenciones —62— ocurrieron en la ciudad de San Antonio.    
Fueron arrestadas 38 personas en Harlingen, 29 en Laredo y 24 en el área Austin/Waco.    
Según un comunicado del ICE, la mayoría de los inmigrantes detenidos en el operativo tenían antecedentes penales que incluían condenas por varios delitos, incluyendo agresión sexual, robo a vivienda y posesión de cocaína.    
El ICE ha dicho que tales operativos en Texas y en otras partes del país son de rutina, pero algunos activistas han acusado que las acciones se han enfocado también en individuos que no son delincuentes peligrosos.