También convocó al secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio Dávila.

“Esta Comisión, en el ámbito de sus competencias, coadyuvará al pleno esclarecimiento de estos hechos”, indicó el órgano en un boletín en relación con la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal Altiplano I en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, ocurrida la noche del sábado pasado.

Consideró “evidente que la fuga de este delincuente afecta la estrategia de seguridad nacional del Estado mexicano que pretende debilitar las redes criminales mediante la captura de dirigentes de grupos del crimen organizado”.

Según el texto, “el modus operandi de este individuo ha logrado en dos ocasiones burlar la inteligencia gubernamental, denotando una debilidad para la detección preventiva de fugas de reos de alta peligrosidad”, aludiendo a la evasión previa de Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001.

“Considerando la emergencia nacional que este acontecimiento provoca, que afecta no sólo la seguridad nacional sino la imagen del Estado mexicano en el exterior, es importante que los funcionarios citados atiendan al llamado de la Comisión Bicamaral” el próximo jueves en la Cámara de Diputados, anotó.

Señaló que seguirá atenta las investigaciones en torno a la fuga de Guzmán, “ejerciendo el control que a este Poder (Legislativo) compete, motivo por el cual el día de mañana acudirá al lugar de los hechos” , y añadió que ha resuelto declararse en sesión permanente.

Detenidos

Las autoridades mexicanas que investigan la fuga del capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán decidieron este martes retener a 22 empleados de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba detenido por las sospechas de que colaboraron en su huida.

Al cumplirse la tercera jornada de intensa búsqueda de Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, la fiscalía general decidió liberar a 12 de los 34 trabajadores del penal de El Altiplano que estaban siendo interrogados desde la fuga del sábado.

De los otros 22, “su situación jurídica ha cambiado a retenidos, esto quiere decir que el ministerio público presume alguna participación” en la huida, dijo una fuente de la fiscalía general.

Retén militar implementado tras fuga de capo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Ahora, las autoridades tienen 96 horas para seguir investigándoles y definir si les presentan cargos o los ponen también en libertad.

El secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el lunes que Guzmán “tuvo que haber contado con la complicidad de personal y/o funcionarios” de El Altiplano, donde fue encarcelado tras su detención en febrero de 2014.

La fuente de la fiscalía no detalló si el director de la prisión, quien fue destituido el lunes, está entre los empleados liberados o retenidos.

Guzmán, que portaba un brazalete de monitoreo y estaba vigilado con cámaras las 24 horas, se escabulló por un orificio oculto en su ducha, que conducía a un sofisticado túnel de 1.5 kilómetros de longitud y desembocaba en una precaria construcción en los alrededores del penal, cuyo propietario está también siendo interrogado.

En su intento por reconstruir esta fuga que ha tenido impacto mundial, las autoridades han tomado declaración a 17 internos de la prisión, situada a 90 km de la capital y considerada la más segura del país; a dos abogados del narcotraficante y a personas que lo visitaron, aunque todavía no han hecho ninguna acusación.

Osorio Chong explicó el lunes que, “por razones de derechos humanos y respeto a la intimidad”, la videovigilancia del narcotraficante tenía “dos puntos ciegos” que fueron aprovechados para su escape.