El denominado Consejo de Defensa -integrado por los poderes del Estado- había sido convocado por el presidente Nicolás Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una “ruptura del orden constitucional”.

El presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es “responsable del quebrantamiento del orden constitucional” y no podía “pretender ahora ser mediador”.

“Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con (…) la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión antes de que su vicepresidente, Tareck El Aissami, leyera el documento.

A la cita concurrió el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, pero no Ortega, con quien según el mandatario hubo “conversaciones” durante la reunión del Consejo.

Rechazo al acuerdo

El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, rechazó el acuerdo, señalando que “una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado”.

“Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional”, advirtió Guevara en Twitter.
Los fallos del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- generaron fuerte rechazo internacional, especialmente el emitido el pasado miércoles con la cual la corte asumió las competencias de la cámara, a la que declaró en desacato hace más de un año.

La oposición acusa a Maduro de haber perpetrado con ello un “golpe de Estado”, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un “autogolpe”. Pero el jefe de Estado respondió el viernes que “en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos”.

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, los adversarios de Maduro protestarán este sábado bajo advertencias del presidente de que enfrentará cualquier “aventura golpista”. Tras un período de letargo en el que, según encuestas, perdió apoyo de sus seguidores al fracasar un diálogo con el gobierno, la oposición volverá a las calles para exigir respeto a la Asamblea y elecciones para superar la grave crisis política y económica.

A partir de este sábado “vamos a planificar acciones de protesta, a conformar un inmenso movimiento de presión ciudadana y de resistencia”, dijo el jefe del bloque parlamentario, Stalin González. Los diputados sesionarán en una plaza pública de Caracas para “ratificar que la Asamblea representa la voluntad ciudadana”, añadió.

Aventuras golpistas

Las sentencias del TSJ se basan en el estatus de desacato en que declaró a la cámara en enero de 2016, por considerar que no desvinculó a tres asambleístas opositores acusados de fraude electoral. Borges había dicho el viernes que la voz crítica de la fiscal demostraba que el gobierno está fracturado, e instó a la Fuerza Armada y los demás poderes a seguir su ejemplo.
Ante la andanada de críticas, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.

“Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle”, desafió Maduro, cuya popularidad rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.

El presidente declaró ser víctima de un “linchamiento diplomático” y de un plan liderado por Estados y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo.

Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló en diciembre pasado, alegando que el gobierno incumplió acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.

“Estoy listo para retomar el diálogo con la participación del Papa (uno de los facilitadores del proceso)”, sostuvo.
Un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el próximo lunes en una sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de declarar que los fallos del TSJ constituyen “una violación del orden constitucional”.