“Aún no se ha terminado de redactar el texto de la resolución, así que no puedo especular sobre la posición que tomaría la Administración”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su conferencia de prensa diaria.
“Obviamente, desde la última vez que la ONU pudo considerar una resolución como esta, la política de Estados Unidos ha cambiado. Pero el embargo sigue en pie, y se necesita acción del Congreso para eliminarlo, algo que el presidente (Obama) ha pedido”, añadió.
Año tras año, Estados Unidos ha votado en contra de la resolución en la que la Asamblea General le pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto a la isla, y el año pasado emitió uno de los dos únicos votos negativos, junto al de Israel, frente a una abrumadora mayoría de 188 síes.
Si decidiera abstenerse este año, el Gobierno estadounidense daría el inusual paso de dejar pasar sin ningún comentario una resolución crítica con sus propias leyes, algo muy poco habitual en Naciones Unidas.
Rígida norma
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, recordó que el embargo es ley, “y la ley no puede desobedecerse, pero eso no significa que no puedas tomar la posición de que quieres que cambie esa ley”.
El embargo quedó codificado como ley en 1996 mediante la legislación Helms-Burton, que estipula que las restricciones económicas deben mantenerse en vigor hasta que Cuba cumpla ciertas condiciones, entre ellas que la familia Castro abandone el poder.
Por tanto, el Congreso es el único que puede levantar por completo el embargo, y Obama ha pedido reiteradamente a ese órgano legislativo, controlado por la oposición republicana, que actúe para acabar con esa política.
