Su esposo, Iñaki Urdangarin, fue declarado culpable de evasión fiscal y fraude, entre otros cargos. Además de la condena de prisión, que puede apelarse ante el Tribunal Supremo, se le impuso una multa de unos US$545 mil.

El juicio se centraba en las acusaciones de que Urdangarin, de 49 años, utilizó su antiguo título de duque de Palma para malversar unos US$6.6 millones de dinero público hacia el Instituto Noos, una organización sin fines de lucro.

Urdangarin dirigía el instituto, que organizaba conferencias y eventos relacionados con el deporte, con su socio Diego Torres. Torres fue condenado a ocho años y medio de prisión en el veredicto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares.

En un país donde la clase política y los círculos empresariales se han visto envueltos en escándalos de corrupción, los españoles mantuvieron una atención especial al llamado “caso Noos” desde que hace seis años aparecieron los primeros indicios de la participación de Urdangarin, un medallista olímpico de balonmano que se volvió hombre de negocios.

Entre las empresas que según las autoridades se utilizaron estaba Aizoon, una firma de bienes raíces que poseían de forma conjunta Cristina y Urdangarin.

Un abogado del equipo legal de Cristina, Miquel Roca, dijo que la infanta se sentía “satisfecha por el reconocimiento de su inocencia” y que seguía convencida de que su esposo también era inocente.

“Si creíamos en la Justicia cuando sentaron a la infanta en el banquillo, creo que los ciudadanos pueden confiar en la Justicia cuando ha sido absuelta”, añadió.

Un portavoz de la Casa Real dijo a medios españoles que la familia real respetaba la independencia de la justicia.

El rey Felipe y la reina Letizia no hicieron comentarios en un primer momento. Los monarcas visitaban un museo en Madrid con el presidente de Hungría cuando se publicó el fallo.

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno de Mariano Rajoy, se limitó a decir que la resolución “demuestra que no hay nadie por encima de la ley y que el estado de derecho funciona”.

Mientras el escándalo crecía, la decisión del entonces rey Juan Carlos de abdicar del trono en el 2014 fue vista como un intento para que su hijo Felipe restaurara la credibilidad de la monarquía.

Cuando su hermana Cristina fue imputada, el rey Felipe canceló su título de duquesa de Palma, el cual le fue concedido por su padre en 1997 con motivo de su boda. Además, ni ella ni Urdangarin son invitados más a eventos oficiales de la Casa Real.

La pareja vivió por años en una mansión en Barcelona con sus cuatro hijos, pero desde que inició la investigación se mudaron a una casa familiar en Suiza. El viernes, periodistas hicieron guardia afuera de la vivienda en Ginebra en espera de ver a alguno de los dos.

Entre los españoles, algunos expresaron dudas sobre si la ley es igual para todos.

“Hombre, pues es que el fiscal no intentaba perseguir el delito, sino proteger a la presunta delincuente”, dijo Miquel Puig, un economista de 62 años en Barcelona.

Maite Mila, por su parte, dijo que consideró que la princesa “se benefició de todo lo que él hacía, así que muy mal”. Para la abogada de 52 años, “hay que respetar la justicia, pero creo que se han equivocado”.