Internacional

Fernández se encuentra bajo reto judicial en Argentina

En su último año como presidenta de Argentina, Cristina Fernández luce arrinconada por la justicia con una denuncia por encubrimiento, agravada por la muerte del procurador que la presentó, y una marcha de fiscales con apoyo opositor para el próximo miércoles, que el gobierno atribuye a un complot.

Fernández omitió el fin de semana referirse a la denuncia y la marcha, mientras pasaba el feriado largo de carnaval en la provincia patagónica de Santa Cruz.

Su imputación tiene que ver con el supuesto encubrimiento a funcionarios iraníes por el peor atentado ocurrido en Argentina, la voladura de la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos y que permanece impune.

Esta fue solicitada el viernes recién pasado por el fiscal Gerardo Pollicita, que avaló la denuncia presentada hace un mes por Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa, muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento el 18 de enero recién pasado.

Si el pedido es aceptado por el juez Daniel Rafecas, Fernández, su canciller, Héctor Timerman, y las otras personas denunciadas por Nisman podrían ser indagadas.

Para este miércoles, cuando se cumplirá un mes de la enigmática muerte de Nisman, un grupo de fiscales convocó a una marcha de silencio a la que asistirán candidatos presidenciales opositores para las elecciones de octubre próximo, organizaciones sindicales y judías.

Fernández podría permanecer en la Patagonia para festejar el próximo jueves su 62 cumpleaños. De esta manera no estaría en Buenos Aires para la manifestación, que se anuncia masiva.

“La muerte de Nisman se ha convertido en un punto de inflexión en la vida cívica del país”, dijo a la AFP la consultora política Graciela Römer.

Según la analista, “si Argentina estuviera atravesando una democracia verdaderamente consolidada, con instituciones fuertes, sin bolsones de impunidad y sin sospechas de una justicia no independiente, la marcha no existiría.”

– ¿IMPACTO ELECTORAL? –

La muerte de Nisman cuatro días después de denunciar al gobierno y un día antes de explicar su denuncia en el Congreso enrareció el inicio de un año electoral.

Tras 12 años en el poder, el kirchnerismo no ha definido su candidato pero hasta enero mantenía 30% de aprobación a su gestión.

Presideciables como el alcade de Buenos Aires, Mauricio Macri (derecha), y del peronismo disidente como Sergio Massa han criticado al Gobierno por el manejo del caso, y respaldan la marcha a la Casa de Gobierno a la que se sumarán políticos socialdemócratas.

Por ahora el gobernador Daniel Scioli, el mejor posicionado en las encuestas por el oficialismo, ha guardado distancia.

 

“Hay que diferenciar el impacto del asunto sobre Cristina Fernández del impacto sobre los candidatos oficialistas, que también podrían verse perjudicados, aunque en una medida menor”, dijo Matías Carugati, analista de la consultora Management&Fit.

El politólogo Rosendo Fraga consideró que la repecursión actual es fuerte para el Gobierno, pero adviertió que los ocho meses que faltan para las elecciones es demasiado tiempo para presagiar el impacto directo en la carrera presidencial de un país profundamente polarizado.

– Todo se cuestiona –

El caso Nisman sumió a los argentinos en el escepticismo: 60% cree que la investigación de la muerte del fiscal no será transparente, otro 69% que quedará impune y más de 60% da por ciertas las acusaciones del fiscal contra Fernández y el canciller, reveló un sondeo de Management & Fit.

La denuncia de Nisman-Pollicita fue descalificada por el gobierno como un intento de “golpismo judicial.” Así mismo, la marcha es vista como un plan de “desestabilización del sistema democrático”, según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El exfiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, cuestionó la manifestación y también la denuncia de Nisman que retomó Pollicita.

Según Moreno Ocampo, “la presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la inteligencia argentina.”

El exfiscal dijo que leyó la denuncia de Nisman y “no hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado.”

Según Nisman, Fernández buscaba exculpar a los iraníes en beneficio de acuerdos comerciales de petróleo iraní por granos argentinos.

En medio del sacudón político, se aguarda una versión de la fiscal Viviana Fein, que investiga el caso como “muerte dudosa” sin descartar suicidio, voluntario o inducido, u homidicio.

El futuro de la imputación de Fernández es incierto pero el efecto político del caso Nisman remece ese país.